La primera reunión entre la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, y organizaciones sindicales, entre ellas tres relacionadas con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es “un evidente intento de minimizar” al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (Sinttia) que “muestra la estrategia” de la compañía de mantener “un trato privilegiado” con esa central.
Señaló lo anterior Héctor de la Cueva, asesor de los obreros de la planta automotriz, quienes en agosto pasado rechazaron por mayoría al sindicato cetemista Miguel Trujillo López, dando por terminado el contrato colectivo de trabajo (CCT) el pasado 3 de noviembre. Este caso significó la primera activación del mecanismo laboral del T-MEC, de ahí la relevancia de este proceso de legitimación como el más observado en México y Estados Unidos.
Hace dos días, la empresa informó que en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo se reunió con cuatro organizaciones sindicales, entre ellas las antes mencionadas.
En entrevista, De la Cueva subrayó que dicha reunión se había pactado con el Sinttia para dialogar y a fin de “facilitar la labor sindical” a esta organización conformada por trabajadores activos.
Trato inequitativo
Indicó que si bien la compañía argumenta que brinda trato igual a todos los representantes de los sindicatos, es “absolutamente inequitativo”, porque van “tres, cuatro o más” organizaciones, para “crear confusión entre la base trabajadora”.
La empresa propuso como fecha el 22 de noviembre “y se aceptó. Pero esa no era la cita que se había pactado ni la empresa se molestó en informar al Sinttia de que a la misma reunión iban otros tres sindicatos. Es una total falta de respeto por parte de la empresa y es un evidente intento de minimizar al Sinttia, rodeándolo de otros sindicatos de la CTM”, comentó el asesor laboral.
Después de celebrarse la reunión, comenzaron las sesiones con los sindicatos interesados en la obtención de una constancia de representatividad a fin de firmar un nuevo CCT, para lo cual cada organización debe acreditar el respaldo de al menos 30 por ciento de los empleados.
