Al día siguiente de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el polémico acuerdo que pretende permitir a la Presidencia de la República la elusión de cualquier obstáculo legal en obras y proyectos que se consideren estratégicos o prioritarios, en Palacio Nacional se realizó una comida con miembros del consejo asesor empresarial de esa misma Presidencia.

Ahí estuvieron, entre otros, varios de quienes en el pasado eran considerados parte de la “mafia del poder” (especie en peligro de extinción, al menos retórica): Carlos Slim (Carso), Germán Larrea (Grupo México), Carlos Hank (Banorte), Miguel Rincón (Scribe, compadre presidencial), Daniel Morán (Grupo Vidanta, revelación del sexenio), Sergio Gutiérrez Mugerza (DeAcero) y la trinidad televisiva, Bernardo Gómez (Televisa), Ricardo Salinas (Grupo Azteca) y Olegario Vázquez Aldir (Imagen). Y Alfonso Romo, quien sigue siendo “enlace” con los grandes capitales.

Cierto es que el entorno empresarial se ha enrarecido por la recurrencia al concepto de “seguridad nacional” e “interés público” en el acuerdo arriba mencionado, aun cuando el presidente López Obrador procuró precisar en su conferencia mañanera que las medidas buscan evitar que se entrampe la continuidad de ciertas obras, como el Tren Maya, a partir de estrategias jurídicas dilatorias, como las cascadas de solicitudes de amparo de la justicia federal.

López Obrador mencionó a los Claudios X. González, padre e hijo, y al ministro en retiro José Ramón Cossío, como impulsores de esas estrategias. Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció en un comunicado que “en los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública” la presentación de una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial multicitado.

Además, en el ámbito empresarial hay preocupación por la paridad cambiaria (afectada por factores externos, sobre todo), los índices inflacionarios, la irrefrenable inseguridad pública y los amagos de desinversión de firmas extranjeras. Ya se sabrá, más allá de las declaraciones oficiales que se produzcan, el motivo y las expectativas de una comida del mayor peso empresarial nacional en Palacio con el Presidente de México.

El ocupante que fue de una de las principales oficinas de ese Palacio Nacional, Arturo Herrera, quien dejó el 15 de julio de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la oferta de ser postulado para gobernar el Banco de México, confirmó ayer que tal propuesta fue retirada de comisiones senatoriales por el mismo oferente inicial. Hay versiones que hablan de un desafecto por hechos que molestaron a la Presidencia y otras que suponen que podría ser candidato de Morena a gobernar su natal Hidalgo.

En el Senado eligieron, con una amplia votación en su favor, a Loretta Ortiz Ahlf ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy atrás quedaron, en sufragios, Eva de Gyvés y Bernardo Bátiz. Ortiz hizo hincapié en su discurso oficial en su compromiso con la implantación de la reforma judicial de la que ya no podrá encargarse Arturo Zaldívar. Nunca había tenido la Corte tantas ministras, e incluso se abre la posibilidad de que una de ellas presida más adelante el Poder Judicial de la Federación.

Y, mientras hoy, en la primera sala y no en sesión plenaria, la Corte resuelve una controversia constitucional (o la remite justamente al pleno) respecto al acuerdo del presidente López Obrador para permitir que las fuerzas armadas se encarguen de la seguridad pública en el país en tanto se integra adecuadamente la Guardia Nacional, ¡hasta mañana, con la posibilidad, anunciada por AMLO en asamblea del Seguro Social, de que militares se encarguen de la distribución de medicamentos en el país, para terminar con el desabasto!

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