Morelia, Mich. La Contraloría de Michoacán encontró nuevamente graves irregularidades en la pasada administración que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo, y esta vez también fueron en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, donde fueron rentados siete inmuebles para igual número de cuarteles regionales para la Policía estatal, que a dos días de concluir la administración —30 de septiembre de 2021— fueron adquiridos por el gobierno de la entidad, sumando en total un gasto de cinco mil 186 millones de pesos.

En conferencia de prensa, acompañado del titular de la SSP, general José Ortega Reyes, el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que a partir de 2016 se firmaron contratos de arrendamiento y mantenimiento de siete cuarteles.

“Por ejemplo el contrato de Apatzingán se firmó en 2016, pero la empresa DyFSA de CV —constructora de cada uno de los cuarteles— adquirió el terreno hasta 2019, es decir, el gobierno estatal le pagó proyectos ejecutivos y arrendamiento a una empresa que no era propietaria del terreno”, describió.

Este cuartel de Apatzingán se inauguró hasta 2018; “es decir, el gobierno rentó propiedad inexistente, por lo que simularon contratos de arrendamiento que realmente eran contratos de obra pública para evadir la ley de adquisiciones, las licitaciones, las reglamentaciones y la ley en esta materia”, subrayó Ramírez Bedolla.

En los siete cuarteles ocurrió lo mismo, pero además fueron construidos ineficientemente, todos iguales, utilizando material barato como plástico y lámina metálica. El costo real de los cuarteles fue de poco más de 15 por ciento del total de la erogación total del gobierno estatal.

Lo más grave, es que en cada una de las siete instalaciones —Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan, Huetamo y Apatzingán— se construyó una llamada Casa de Gobierno, donde se hospedaba el gobernador cada vez que llegara a esas regiones, contaba con helipuerto, dos recámaras, sala, baño completo, jardín, estancia, palapas y asador.

Después de que los rentaron a precios estratosféricos, se firmó el contrato de compraventa ante notario público el 28 de septiembre de 2021, por un monto de mil 552 millones de pesos, sumando los gastos de arrendamiento fue un total de más de cinco mil millones de pesos.