Despidos injustificados y falta de pago es la constante que viven los trabajadores del área de Estructura del Congreso de la Ciudad de México.

Pese a que el presupuesto es anual y está garantizada la nómina, desde la Oficialía Mayor, a cargo de Reynaldo Baños –allegado a la lideresa de la bancada de Morena, Martha Ávila–, se ha solicitado la renuncia de al menos 50 trabajadores que, al no contar con el respaldo sindical, se han visto obligados a firmar su salida en medio de la crisis de desempleo que se vive por la pandemia, indicaron fuentes en el Congreso local.

Además, hay otro grupo de trabajadores del área de honorarios que lograron transitar de la primera a la segunda legislatura, quienes no han recibido sus pagos correspondientes a septiembre y octubre.

Juan –cuyo nombre real fue modificado para guardar su anonimato–, explicó que en junio pasado fue obligado a renunciar, por lo que recibió una gratificación extraordinaria equivalente a tres meses de salario para cubrir los meses de junio, julio y agosto.

Desde entonces continuó trabajando, hasta la fecha, tiempo en el que ha recibido órdenes de sus superiores sin que haya recibido la remuneración de los dos meses siguientes.

“Prácticamente estamos en el limbo; no me han pagado, incluso he pedido prestado para pagar las deudas que tengo. Alguien nos comentó que nos pagarían a finales de noviembre, pero los meses que ya trabajamos no nos los pagarían.

Y esa es una práctica que se ha venido dando, que el Congreso no reconoce la relación laboral aunque sí seguimos trabajando, comentó Juan, quien tenía un sueldo de 15 mil pesos mensuales.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso local envió un oficio, con el folio STUCCDMX/IIICE/323/2021, dirigido a la Junta de Coordinación Política para mostrar su preocupación por los trabajadores de honorarios y de estructura. Se trata, indicaron, de gente que lleva más de nueve años trabajando en el Legislativo que se encarga de realizar trámites para todo el personal, incluidos los diputados.

En el documento asegura que por la naturaleza de sus contratos no cuentan con la inamovilidad; sin embargo, dijeron que se les debe reconocer que no dejaron de trabajar durante la emergencia sanitaria, cuando el personal sindicalizado, e incluso diputados, dejaron de acudir al Congreso, “sacando adelante todos los trámites para nosotros y para ustedes.

Dejarlos sin trabajo no sólo vulnera su derecho humano al empleo, sino que nos va a afectar directamente a todos al no contar con este personal que tiene la experiencia en sus labores para gestionar los pagos de fin de año, refirieron los representantes sindicales María del Pilar Belard y Mauricio Muñoz.