Ciudad de México. No fue sorpresa para el gobierno de México que las once empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaran desechar la demanda interpuesta en su contra, en la respuesta que presentaron el lunes ante la Corte de Distrito de Massachusetts, como parte de la querella interpuesta por la cancillería mexicana.

Durante un foro convocado por El Colegio de México, titulado La batalla de Boston, donde se analizaron las respuestas dadas por las compañías ante la denuncia del gobierno mexicano, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, aseveró que preveían su intento por no ir a litigio.

“Esperábamos sus argumentos, todos ellos dirigidos a que se desestime la demanda. Cuestionan si México puede demandarlos o no, ellos insisten que no podemos hacerlo en Estados Unidos y cuestionan el nexo causal de sus conductas con los daños al país que nosotros resaltamos en la demanda”.

El funcionario indicó que la estrategia de las once demandadas será “distraer a la opinión pública” tanto en México como en Estados Unidos. Hablarán de la corrupción en nuestro país y en suelo estadunidense se acogerán a la segunda enmienda, que permite a los ciudadanos de esa nación poseer y portar armas.

“Pero este litigio es sobre sus prácticas negligentes en su comercio y cadena producción, que facilitan el ingreso ilícito de ese armamento a México. Y sobre eso hablan muy poco en sus respuestas”, apuntó Celorio, quien es el cerebro detrás de la demanda.

México, dijo, está preparado para un proceso largo y de hecho su interés es ir a la Corte, pues tiene elementos para responsabilizar a las empresas de que no ponen cuidado para que sus productos no lleguen a manos del crimen organizado en nuestro país. Incluso, subrayó, conocen el destino de sus armas.

“La parte importante del juicio, y es a la que no quieren que lleguemos, es la trazabilidad. Las empresas tienen información de la ruta de su producto desde que lo fabrican, distribuyen, venden y hasta el momento en que apareen en un crimen. Esa información no es pública, y en juicio podríamos obtenerla, y eso sería muy valioso para tener el nexo de causalidad. De las prácticas negligentes, hasta ilícitas, y del daño fuera de Estados Unidos. Será importante conocer si bajo juramento de decir la verdad, las empresas conocen a dónde llegan sus armas o si quizás con base en el incremento del consumo toman decisiones de comercio para incrementar sus ganancias”.

Por su parte, Carlos Pérez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas y especialista en el tema de armamento, destacó que independientemente del resultado de la denuncia interpuesta por México, ésta debe reconocerse porque “es un movimiento audaz. Es un ejercicio del Estado mexicano que debemos apoyar de manera unánime”.

Refirió que la estrategia muestra que el tema de las armas ha dejado de ser “una nota al pie” en la política exterior de nuestro país y lo pone en el centro de la discusión en la relación bilateral con Estados Unidos, al mismo nivel de la exigencia de aquel país de detener el flujo de drogas. El especialista agregó que más allá del resultado del litigio, esto puede producir consecuencias positivas en la forma en que las empresas fabrican y comercializan ese arsenal.