Nueva York. Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada, por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas, y acusaron que está buscando “imponer” sus políticas de control de armas, en violación al derecho constitucional de tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual calificaron de “un choque de valores” entre ambos países.

México presentó una demanda civil contra 11 empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts el 4 de agosto pasado. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para exponer sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.

México sostiene que, de forma deliberada, los fabricantes facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda está buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas para frenar el flujo ilícito de armas, al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos, los cuales nutren la violencia. [https://www.jornada.com.mx/2021/11/ 22/politica/006n1pol].

En sus primeras respuestas formales expuestas este lunes ante el tribunal, las empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que se deseche el litigio.

Calificaron el caso así: “Incapaces de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.

Ante ello, aseguran que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que bajo las leyes estadunidenses este caso no tiene sustento.

En un argumento conjunto, ocho de las 11 empresas acusadas –varias también presentaron sus respuestas individuales– afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los cárteles en su territorio.

Señalan que en su acusación, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los cárteles”, sino, de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.

Más aún, acusan que México, con esta demanda, está intentando “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” de Estados Unidos.

En su argumento ante el tribunal, la agrupación de empresas demandadas resalta que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales; mientras Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, México casi ha eliminado la posesión privada de éstas”.

Con ello, acusan que México está buscando extenderse más allá de sus fronteras y “castigar ventas de armas que no sólo son legales, sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.

Concluyen que “al intentar llevar a la bancarrota a los fabricantes de armas de Estados Unidos, esta jugada no sólo amenaza las libertades constitucionales en América, sino también el equilibrio cuidadoso de regulaciones de armas de fuego establecidas por el Congreso y legislaturas estatales”.

Advierten que este caso es un intento para usar el Poder Judicial en una “disputa diplomática” entre Estados Unidos y México sobre los efectos internacionales de sus políticas sobre armas. “Este tribunal no tiene que jugar en esto. Debería desechar la queja”, aconsejan.

En su gama de razones legales por las cuales solicitan que la Corte desestime este litigio, las empresas enfatizan que la ley federal en Estados Unidos establece una amplia “inmunidad” a fabricantes y distribuidores de armas autorizados contra demandas que “resultan del mal uso criminal o ilícito de un arma de fuego por un tercero”.

A la vez, cuestionan si este tribunal tiene jurisdicción para este caso, ya que mucha de la actividad ilícita que se alega en la demanda no fue cometida en Massachusetts.

Al mismo tiempo, la ley estadunidense, agregan, no ofrece protecciones a entidades extranjeras por el uso dañino de estos productos en sus territorios. Más aún, señalan que bajo las leyes nacionales, no pueden ser responsabilizadas por el mal uso de sus productos legales por terceros en otros países.

“El gobierno de México, que enfrenta una epidemia de violencia de armas impulsada por cárteles de droga y otras pandillas organizadas, ha decidido que Smith & Wesson y otros fabricantes de armas… son realmente los responsables de que mexicanos estén matando a otros mexicanos en México”, pero no alega que los demandados directamente entregaron esas armas a cualquiera en México, afirma en su argumento individual esa empresa.

Smith & Wesson, junto con los otros demandados, rechazan que México pueda intentar “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses”.

El juez federal F. Dennis Saylor ahora tendrá que evaluar todos estos argumentos –y posiblemente otros más de México– al decidir si este caso procede o no, y bajo qué condiciones.

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