Conforme a lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá declarar “de interés público y seguridad nacional” todo proyecto u obra, a cargo del mismo gobierno federal, que esté “asociado a infraestructura” considerada estratégica o prioritaria.

El acuerdo correspondiente fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, con las rúbricas del Presidente y los miembros de su gabinete. La redacción y el objetivo de tal norma generaron de inmediato rechazo en diferentes ámbitos, por considerar que constituyen una concentración de poder absolutamente discrecional.

Además de la enumeración específica de los rubros considerados estratégicos, se abre un abanico para “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional” (https://bit.ly/3xbAehz). Es decir, casi todo aquello que a juicio de Palacio Nacional encaje en esa amplísima definición.

Para efectos de que se realicen tales obras y proyectos, el mismo gobierno andresino instruyó a toda “la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias” correspondientes. Léase: “La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa se considerará resuelta en sentido positivo”.

Es decir, las oficinas del gobierno federal que reciban una solicitud enmarcada en este acuerdo tendrán cinco días para resolver, pero si en ese plazo no emiten una autorización provisional expresa, ¡se considerará que la aprobaron, sin margen a desautorizaciones o resoluciones en negativo! Esta autorización provisional tendrá vigencia de 12 meses, periodo durante el cual ¡“se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”! Es decir, aprueban o aprueban, en lo provisional y en lo definitivo.

Tan polémico acuerdo parece destinado a proveer de una legalidad forzada a megaproyectos en curso y otros en vías de formalizarse. Obligaría a todo el aparato institucional federal a plegarse a los planes de infraestructura o similares que le fueran presentados, sin análisis ni objeciones. En términos políticos, da municiones a quienes hablan de autoritarismo creciente. Es de suponerse que los opositores a este acuerdo habrán de recurrir a la Corte.

Hoy, Morena y sus aliados tratarán de designar a quien releve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al ministro Fernando Franco González Salas, quien cumplirá quince años en el cargo.

Los tres nombres a considerar pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, a donde llegaron también a propuesta de AMLO. Uno de ellos, Bernardo Bátiz, ha objetado su propia postulación, pues considera que sería más viable la designación de una mujer, además de que su propia edad (85 años, sin problemas graves de salud) le hace pensar en una alternativa con menos calendarios consumidos.

Sin demeritar a las dos mujeres participantes, Loretta Ortiz (a quien se considera la favorita de Palacio) y Eva de Gyvés, resultaría valioso y ejemplar que la decisión recayera en el maestro Bátiz, como punto culminante de una carrera política y profesional caracterizada por la honestidad, la respetabilidad y el apego a la legalidad.

Panista de origen, escindido de ese partido cuando comenzaron las desviaciones doctrinales, ha apoyado al movimiento obradorista desde sus inicios, habiendo sido procurador de Justicia del gobierno andresino de la capital del país. Todo apunta a que en el Senado cumplirán con el propósito de que haya una mujer más en la Corte, y eventualmente que ella llegue a presidir tal tribunal máximo. Bátiz sería, sin embargo, la opción más refrescante y sugerente en el Castillo de las Complicidades Inamovibles (y tal vez por ello no sea designado). ¡Hasta mañana!

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