El Senado aprobó la Ley de Economía Circular que obliga al reciclaje, prohíbe los plásticos de un solo uso, con excepción de aquéllos de uso médico, de preservación de alimentos, higiene o inocuidad que no cuenten con otra alternativa, y establece que los residuos generados por envases y empaques plásticos estarán sujetos a un plan de manejo integral y se creará un padrón de pepenadores.

Se destaca que los planes de manejo deberán tener para monitoreo metas progresivas, plazos de acopio, reciclaje y contenido mínimo de material reciclado, acciones de coordinación, diagnóstico y acciones preventivas.

Con esta nueva ley se promueve la prevención, reducción del uso y consumo de los plásticos, su rediseño, óptima recuperación de reciclaje y reintegración a una cadena de valor.

El objetivo esencial de la ley es que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos. Además, busca disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana.

Entre las metas que se establecen en este ordenamiento está el reciclado de plástico de 20 por ciento para 2025 y 30 por ciento para 2030.

Se resalta que, en el caso de las botellas de plástico, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico a nivel mundial y se usan al año 500 mil millones de bolsas de plástico, mientras cerca de 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año, lo que amenaza a la biodiversidad marina.

En el caso de los residuos electrónicos, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, actualmente en el mundo se desechan cerca de 50 millones de toneladas al año.

Como en muchos países del mundo, en México la gestión de residuos representa un gran desafío, ya que se producen más de 44 millones de toneladas al año y se recicla menos de 10 por ciento.

Con esta ley se contribuirá a romper esos patrones insostenibles de producción y de generación de basura, ya que la reducción, reutilización y reciclaje serán los caminos para el aprovechamiento equilibrado de los recursos.

De funcionar adecuadamente esta ley, se podría reducir entre 80 y 99 por ciento de los residuos industriales según el dictamen aprobado.

La economía circular se basa en el cambio de los esquemas de producción y consumo sustentados en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio, para pasar a un sistema en el que se cierren los ciclos de producción y se mantenga un flujo constante de los recursos naturales, sin que el producto pierda valor en sus procesos.

En este sentido, un esquema circular está elaborado con la primicia de la reducción de residuos desde su primer paso. Los productos y los empaques son diseñados para tener una mayor duración y ser más resistentes, utilizando más materiales sustentables que puedan ser reciclados.

Los gobiernos municipales serán responsables de regularizar e integrar un padrón oficial de las personas acopiadoras que realicen alguna actividad de acopio, mientras la Federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la presente Ley.

La ley considera multas hasta por 5.3 millones de pesos y tres veces ese monto en caso de reincidencia; además, prevé sanciones como arresto administrativo hasta por 36 horas, reparación del daño y servicio comunitario.