Uno de los grandes pendientes del Congreso es la expedición de la ley general de aguas, para establecer un marco legal que proteja este recurso natural y asegure su distribución equitativa en el país, coincidieron senadores de todas las fuerzas políticas, quienes se reunieron el jueves pasado con especialistas y representantes de la ONU que ofrecieron asesoría para crear esa legislación, atorada en la Cámara de Diputados.
El presidente del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), Pedro Moctezuma Barragán, dijo que dos por ciento de los concesionarios del líquido controlan 70 por ciento de los volúmenes en el país, mientras 41 millones de mexicanos no tienen acceso de manera salubre, constante y asequible, por lo que exhortó a los legisladores a concretar la legislación y ofreció su apoyo para lograrlo.
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, reiteró su compromiso de coadyuvar técnicamente a la construcción de la legislación.
Durante el foro “Los derechos humanos al agua y saneamiento, y los derechos interdependientes en la nueva ley general de aguas”, organizado por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, ésta se comprometió a impulsar y retomar el diseño de la ley general de aguas, la cual, dijo, ya tenía un avance considerable en la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada.
Incluso, consideró que se debe formular una estrategia para que ambas cámaras legislativas concreten la iniciativa, ya que el problema del líquido es multifactorial, debido a un modelo de gestión hídrica vigente que no protege al líquido, no incluye una distribución justa no existe un marco legal que los sustente.
La senadora Rivera resaltó que en México, 1.1 por ciento de todos los usuarios aprovechan más de una quinta parte del líquido, a través de concesionarios, mientras 25 millones de personas sólo tienen acceso a este recurso dos veces por semana y 17 millones viven una situación aún más precaria debido la escasez, y el Congreso está obligado a intervenir.
La nueva legislación, resaltó, debe revertir el enfoque económico que considera este recurso natural como objeto mercantil, que es aprovechado sólo por un sector reducido.
Igualmente, el senador de Morena, José Narro, dijo que es necesario analizar las diferentes propuestas que existen para garantizar el derecho humano al agua y concretar una legislación lo antes posible, a fin de evitar que “las leyes del mercado y de los poderosos sigan despojando a las comunidades de México”.
El senador del Partido Acción Nacional Raúl Paz Alonzo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, advirtió que México tiene una grave crisis de agua y ha enfrentado una de las sequías más severas de su historia moderna que pone en peligro el bienestar de la población, por lo que respaldó el impulso de la ley general de aguas.
