Las comisiones estatales de búsqueda de personas enfrentan una serie de obstáculos para su pleno funcionamiento, entre ellos la falta de recursos y planes de trabajo y la inestabilidad laboral de su personal, aseguró el Consejo Nacional Ciudadano (CNC) del Sistema Nacional de Búsqueda. Además, indicó que la renuncia de sus titulares “no ha sido menor”, pues entre 2019 y mayo de 2021, sumaron cinco, y en algunos casos han sido debido al poco apoyo que recibieron por parte del gobierno local.
El CNC también resaltó que a pesar de que los estados tienen la obligación de adoptar los estándares de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, a través de leyes estatales, en la actualidad 12 entidades no cuentan con una norma en materia de desaparición: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
En un informe, expuso que entre los titulares de comisiones locales que han dimitido están el comisionado de Tamaulipas, Jorge Ernesto Macías, quien presentó su renuncia en marzo de 2020 argumentando “lentitud” en el trabajo de las secretarías de Administración y Finanzas del gobierno estatal. En tanto, en mayo de 2021 renunció el titular del organismo de Michoacán, Marco Antonio Hernández, aunque en este caso “existe un reclamo por parte de los trabajadores de dicha institución por adeudo de salario de cinco meses”.
Otros que han renunciado son los comisionados de Veracruz y Jalisco, en mayo de 2019, así como el de la Ciudad de México, quien dimitió en octubre de 2020.
El CNC destacó que si bien actualmente todas las entidades federativas han establecido, al menos jurídicamente, sus respectivas comisiones estatales de búsqueda, su mera instalación “no asegura su capacidad organizativa, que cuenten con procedimientos establecidos, así como con recursos disponibles”. Sin el presupuesto suficiente, destacó, estos organismos están destinados al “fracaso y hacen pensar en una mera simulación de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”.
En el documento, presentado como parte de los insumos para la delegación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas –que realiza una visita oficial a México–, expuso que otras deficiencias que han encontrado en las comisiones estatales es que un gran número de ellas tienen en su mayoría contratos temporales u otras formas de convenios que no garantizan la estabilidad laboral de su personal, trabajan “con una enorme disparidad en los recursos financieros de que disponen”, y la relación con otros actores relevantes como las fiscalías especializadas no está bien coordinada “ni es productiva”.
