La garantía de acceso sanitario a las mujeres migrantes todavía es un pendiente, por ello se deben tomar diversas medidas correctivas, establece la investigación Mujeres migrantes en Tapachula; barreras y facilitadores para el acceso a la salud sexual y reproductiva.
El análisis realizado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud, Ipas CAM (Centroamérica y México), Médicos del Mundo Francia-México y Population Council, indica que se debe asegurar que las personas migrantes que no tengan documentos probatorios de identidad puedan acceder de forma oportuna y gratuita a la atención en salud sexual y reproductiva, incluidas las menores de edad y sus hijas, hijos u otras personas a su cuidado.
Todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, y recomienda que se capacite a autoridades, personal administrativo y operativo, de las instituciones de salud sobre dichos criterios para brindar atención gratuita a las mujeres migrantes. Y es que una de las principales limitantes para que las personas migrantes accedan a servicios sanitarios es que se les exijan documentos como requisito para la atención gratuita.
El estudio subraya también que la “desaparición del Seguro Popular y la falta de claridad sobre los mecanismos de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se consideró una barrera para la atención”, y es que el arranque de operaciones del Insabi prácticamente coincidió con el de la pandemia de Covid-19, “lo que significó retos operativos adicionales para una implementación adecuada”.
La información recopilada en el análisis está dirigida a autoridades sanitarias a nivel federal, estatal, municipal y de jurisdicción sanitaria, para prestadores de servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, pero también para el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El estudio resalta que se debe asegurar la continuidad y disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva durante emergencias como epidemias, desplazamientos masivos de personas y desastres naturales, adaptando culturalmente paquetes de intervenciones basadas en evidencia. Recomienda también la mediación cultural.
Refiere el caso de Chile, donde como parte de la política de salud de migrantes internacionales se implementó formalmente la figura de “mediador intercultural y facilitador lingüístico”. Esas personas trabajan en el primero y segundo niveles de atención con funciones de interpretación, acogida y orientación sobre el sistema sanitario.
