Chilpancingo, Gro., En el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no hay voluntad política para resolver los casos de desapariciones en la entidad, y al Presidente “no le va a alcanzar el tiempo (para hacerlo)”, coincidieron colectivos encabezados por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem) ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pidieron que se investigue al Ejército Mexicano, que tuvo un papel preponderante en la llamada guerra sucia de los años 60.
En entrevista por teléfono, Tita Radilla, presidenta de la Afadem, manifestó que la mañana de este sábado se reunieron en la cabecera de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande, municipio donde desaparecieron unas 300 personas de 1969 a 1979.
La dirigente manifestó que en la reunión con representantes de la ONU participaron cinco colectivos de la entidad para denunciar que no existe voluntad política del actual gobierno “porque de lo contrario habría cumplimiento”.
Los gobiernos anteriores siempre fueron omisos, pero hoy llevamos tres años (con el actual gobierno federal) y tampoco ha habido voluntad de actuar”.
Consideró que esto ocurre “porque las instituciones no han sido saneadas y los ministerios públicos que estuvieron antes tienen la misma actitud y la situación se repite, pero no están investigando”.
Dijo que planteó el caso de la desaparición de su padre, Rosendo Radilla; “en este caso no se ha cumplido la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de investigar la ausencia, y el próximo 23 de noviembre se cumplen 12 años de que fue emitida, pero no hay pistas de dónde podrían encontrarse Rosendo N y los demás”.
Aseguró que en la reunión los representantes de la ONU “retomaron todas las peticiones de los colectivos; dijeron que van a elaborar un informe, además de que sostendrán una charla con el Estado antes de irse y expondrán sus planteamientos”.
Tita Radilla aseguró que pidieron a los enviados de la ONU “que estuvieran al pendiente del decreto presidencial relativo a la búsqueda e investigación de los casos y la apertura de los archivos; y nos dijeron que estarán al tanto de los avances”.
