Cuenca, España. Con su chaqueta bajo el brazo, Antonio Escribano examina primero el suelo pedregoso y después la inmensa estructura metálica que se alza en mitad del campo. “Eso no es una granja, es una fábrica. Una fábrica de cerdos”, asegura molesto. 

Este viticultor español de 58 años lucha desde hace meses contra la apertura, a menos de tres kilómetros de su pueblo –Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca–, de una granja gigante que debe acoger a 2 mil 200 hembras y casi 40 mil lechones por año.

Unas cifras consideradas inasumibles por los vecinos, que temen “los olores, las moscas y la contaminación” que traerá.

“Ese proyecto está a 350 metros del pozo de agua que abastece a este pueblo” de alrededor de 7 mil habitantes, subraya Paciencia Talaya, de la plataforma Stop Macrogranjas, que se opone a este proyecto del grupo Jisap, propietario de 480 granjas porcinas en España.

Si el agua se contamina, debido a los nitratos derivados de los excrementos, “es la ruina del pueblo”, ahonda Escribano. “La gente se va a ir, como ha pasado en otros pueblos, y Quintanar será un pueblo fantasma”, añade este hombre de voz rasgada y cabello canoso.

Ante las movilizaciones de los vecinos, las autoridades ordenaron suspender las obras para reevaluar su impacto ambiental. Pero Paciencia Talaya reclama ir más allá: “Queremos que se cancele definitivamente y que no haya esas macrogranjas”.

El basurero de Europa y China

Como ocurre en Quintanar, los proyectos de "megagranjas" se multiplican desde hace una década en el campo español para desesperación de los vecinos, opuestos en su mayoría a esta fiebre del cerdo.

La población de estos animales en España aumentó 21.5 por ciento entre 2015 y 2020, según Greenpeace. La culpa la tiene la fuerte demanda china, tras la epizootia de fiebre porcina que diezmó las granjas asiáticas a finales de la década pasada.

España se convirtió así en el primer productor de cerdo de la Unión Europea en 2020, con 56 millones de animales y cinco millones de toneladas de carne, de acuerdo al Ministerio de Agricultura.

“El sector genera mucho dinero”, observa Remedios Bobillo, presidenta de la asociación Pueblos Vivos, creada en 2017 para luchar contra esta proliferación de granjas industriales en Cuenca, pero “desafortunadamente, los pueblos no se benefician de ello”, lamenta.

Convocadas por la asociación, un millar de personas se manifestaron el domingo en Cuenca para denunciar “la venta de los pueblos” a las empresas agroalimentarias. España se ha transformado en la basurera de Europa y de China, asegura Bobillo. “Queremos que esto pare ya”.

La cría intensiva puede tener consecuencias nocivas. Los cerdos necesitan mucha agua –5 mil litros por año en promedio–, en un país donde muchas regiones tienen capas freáticas ya superexplotadas, debido a la sequía.

Además, el tratamiento de los excrementos es muy complejo. “El purín tiene un alto contenido en nitrógeno y en amoniaco”, afirma Toni Jorge, de la asociación ACEM-Ecologistas en Acción, desde Cardenete, también en Cuenca. “Todo ese nitrógeno, en cuanto el purín se esparce, va al acuífero, por filtración”.

Cuatro piscinas de purín

En este pueblo de 500 habitantes, en el este de la provincia, los perjuicios se sienten casi a diario desde que hace cinco años se instaló una granja con 6 mil 400 cerdos, a menos de 2 kilómetros de las viviendas.

“Esa explotación produce el equivalente a cuatro piscinas olímpicas de purín al año”, explica Jorge, mientras señala las piletas de retención y los edificios de chapa frente a él.

Desde el interior, se eleva esporádicamente el grito de algún puerco. “Aquí, cada cerdo tiene 0.6 metros cuadrados para vivir. Estos cerdos salen de aquí solamente para ir al matadero. No ven la luz del sol”, describe este jubilado. “Solamente de pensarlo, me produce escalofríos”, añade.

Estas críticas son, sin embargo, rebatidas por la industria porcina, que las califica de informaciones falsas.

El sector aplica la directiva europea de bienestar animal de la Unión Europea, que es “el referente mundial” en la cuestión, y “reglas estrictas” en la gestión de los excrementos porcinos, asegura Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de la Productores de Ganado Porcino (Anprogapor).

España es “el único país del mundo” donde está limitada la capacidad de las granjas y donde se impone una distancia mínima entre éstas y el casco urbano, asegura. 

Frente a las manifestaciones, el sector, que no descarta que en algunas granjas se traten incorrectamente los nitratos, denunció a finales de octubre “los ataques indiscriminados” de los ecologistas.

Las granjas son de las pocas actividades que pueden garantizar los puestos de trabajo al nivel de un pueblo, defiende Higuera.

Pero no todo el mundo lo ve igual.

“Ese tipo de ganadería casi no trae empleos”, replica Paciencia Talaya. “El trabajo que trae es ridículo, porque estas instalaciones son muy mecanizadas”, agrega. A su lado, Antonio Escribano asiente lentamente.

“Ellos dicen que esto fija población. Pero, ¿quién se va a venir a vivir a un pueblo donde no se puede respirar, donde no se puede tomar el agua?”