Managua. Familiares de opositores presos en Nicaragua desde mayo, en el contexto del reciente proceso electoral, denunciaron ayer un “preocupante deterioro” en la salud de los detenidos y pidieron al gobierno de Daniel Ortega su “liberación inmediata y sin restricciones”.

En un comunicado distribuido a la prensa, los familiares dijeron que persisten los interrogatorios constantes, las restricciones de alimentos y el “aislamiento permanente”, en especial en el caso de cuatro líderes opositoras “confinadas en celdas solitarias”.

“Mi marido perdió 31 libras (unos 14 kilos) desde que fue capturado hace cinco meses”, declaró Deyanira Parrales, esposa del ex vicanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco. “No nos permiten entregarle alimentos y restringen los productos de higiene. Le llevamos 10 mascarillas por semana y sólo le entregan una”, agregó.

Parrales vio a Tinoco el lunes, cuando las autoridades del penal capitalino conocido como El Chipote autorizaron la tercera visita. Allí están recluidos 39 opositores detenidos desde fines de mayo, incluidos siete líderes políticos que aspiraban a la presidencia en los cuestionados comicios del pasado 7 de noviembre, en los que Ortega se religió para un cuarto mandato consecutivo.

“Los interrogatorios a mi esposo continúan a diario, no se le permite asistencia de su abogado y casi no recibe sol. Su deterioro se refleja en que ahora debe tomar dosis doble de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y antihipertensivos”, expresó Parrales, quien demandó al gobierno “la libertad inmediata” de Tinoco, cuya hija padece de cáncer y necesita sus cuidados.

En su comunicado, los familiares denunciaron que los reos sufren “frío lacerante durante las noches”, pues no se les permite entregarles ropa de cama, frazadas ni abrigos. A algunos presos los mantienen “con las luces encendidas las 24 horas del día, mientras otros se encuentran en penumbra”, detallaron.

“La mayoría de las celdas son pequeñas, con camas de concreto cuyas colchonetas están deterioradas por el uso constante; esto les ocasiona lesiones en la piel y dolores musculares”, denunció el texto. Permanecen bajo constante vigilancia policial, sin acceso a libros, noticias ni otra actividad “que les vincule al mundo”, acotó.

Según el informe, las opositoras Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Téllez, dirigentes del movimiento Unamos, “son sometidas a aislamiento permanente. Están confinadas en celdas solitarias”, y la de Dávila “está completamente sellada”.

Entre los opositores presos figuran los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, quienes reciben poca alimentación, siguen perdiendo peso y sufren de migrañas constantes, señaló por su parte una nota de prensa de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenecen. La madre de Alemán, Lesbia Alfaro, señaló a la prensa local que “teme por la vida” de su hijo, que increpó a Ortega en el primer diálogo nacional (2018) y lo conminó a “rendirse” y abandonar su cargo.

La Ap solicitó un comentario oficial en la oficina de la vicepresidenta, Rosario Murillo, pero no obtuvo respuesta de momento.

En un comunicado ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la decisión del gobierno de Nicaragua de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) “en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, e instó a Ortega a “reconsiderar su decisión”.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, notificó el viernes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que Nicaragua dispuso denunciar la Carta Constitutiva del foro hemisférico como primer paso para su “renuncia y retiro definitivo” de una organización a la que acusa de “injerencia en los asuntos internos” y ser “instrumento de los intereses del imperio estadunidense”.

El gobierno de Cuba, comenzando por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, expresó su respaldo a la decisión de las autoridades de Nicaragua de renunciar a su pertenencia a la OEA, en una decisión que el mandatario ha descrito como “lección de dignidad” contra una institución a la que ha llamado “el Ministerio de Colonias” de Estados Unidos.