Luego de que la Secretaría de Gobernación (SG) aclarara las acciones que el gobierno federal lleva a cabo para atender la desaparición de personas, en respuesta a los señalamientos que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles pasado en reunión con la delegación del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, el organismo autónomo reiteró ayer su postura.

Expuso que “enfrentamos una debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones”, y que para superarla, es necesario, entre otras cosas, establecer un marco normativo mínimo idóneo, concretar el reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), así como la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense” (MEIF).

Cabe recordar que el jueves pasado, la SG, en respuesta a lo manifestado por la CNDH, puntualizó que en 2017 fue publicada la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que desde 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda puso en funcionamiento el RNPDNO y a finales de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se creó el MEIF.

Ante ello, en un pronunciamiento, la CNDH replicó que “conoce, y además ha acompañado desde sus procesos de creación, las acciones emprendidas por el gobierno federal”, como las antes señaladas, pero “debemos estar conscientes de que el hecho de que exista todo esto en el papel, no garantiza su funcionamiento. Y ese es justamente el reto que, además, es compartido”.

Agregó que la comisión “no confronta, propone”, y se pronunció por “sacar provecho de este aparente debate para apurar una reunión de todas las entidades públicas corresponsables en el tema de la desaparición forzada para acordar rutas de respuesta y solución más eficaces, a la altura del tamaño del reto que tenemos”.

Reiteró a la SG “y a todas las víctimas, su compromiso para trabajar de manera coordinada en el impulso, mejora e implementación de la normatividad y las políticas públicas” en la materia, con la finalidad de atender a quienes han sido afectados por este delito en sus demandas de justicia, verdad, reparación, construcción de la memoria y garantías de no repetición.