Los principales resultados del Congreso Nacional Universitario (CNU) de la Universidad Pedagógica Nacional, entregado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado martes, incluyen la necesidad de contar con una ley orgánica y una normatividad nacional que permita, a partir de un estatuto general, establecer criterios académicos comunes.

La UPN, fundada en 1978 con 2 mil estudiantes, actualmente cuenta con una matrícula de poco más de 67 mil alumnos en todo el país que acuden a 70 sedes, a las que se adscriben 208 subsedes, donde laboran más de 4 mil profesores-investigadores.

El documento con los resultados del CNU, que en su primera fase se realizó de enero a septiembre de este año en un formato virtual, y en el que participaron integrantes de la comunidad de estudiantes y catedráticos, destaca que entre los consensos alcanzados está el no continuar como un organismo desconcentrado de la SEP.

Por ello, se propone impulsar una “autonomía por ley fundamentada en el artículo tercero constitucional con carácter nacional” o generar un organismo desconcentrado con una estructura de carácter nacional que “permita la recuperación de la federalización, pero con una desconcentración administrativa”.

Sin embargo, integrantes de la comunidad académica y estudiantil han insistido en subrayar que la autonomía por ley alcanzó los mayores consensos, ya que permite atender los múltiples desafíos que enfrenta la institución tanto en el aspecto financiero, como administrativo, de gestión y académico.

Uno de los acuerdos del CNU es generar un modelo educativo que “retome la historia de la UPN afianzándose en la misión institucional principal, que es la formación de profesionales especializados en el ámbito educativo, la formación docente y su educación continua en relación con los diversos niveles del Sistema Educativo Nacional”.

Los principales planteamientos entregados a la Subsecretaría de Educación Superior, que encabeza Luciano Concheiro, a través de una representación del Consejo Académico de la UPN, contemplan rescatar el carácter universitario de la institución, pero también fortalecer el desarrollo de sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura.