En administraciones anteriores, los desplazamientos forzados de personas no eran reconocidos, por el contrario “eran ocultados”, lo que provocó que el fenómeno “fuera invisible y como consecuencia se violentaron derechos humanos de manera sistemática”, afirmó Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación.
Al inaugurar el seminario Intercambio de experiencias so-bre políticas públicas en materia de desplazamiento forzado interno en Colombia y México, en el que participaron diversas autoridades federales y representan-tes de organismo internacionales, señaló que en la actualidad el gobierno ha reconocido este flagelo “como un problema público y hemos trabajado para desarrollar herramientas que nos permitan entender, prevenir y aten-der este fenómeno de movilidad humana”. Destacó que el compromiso es “priorizar a los secto-res vulnerables”.
Por su parte, Teresa Heessel Pimentel, coordinadora de Política Migratoria de la UPMRIP, recordó que desde 2019 se hizo el reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno y se instaló un grupo para construir la ley general en la materia. Indicó que si bien ésta se retomó en la Cámara de Diputados y fue aprobada, en el Senado la minuta se encuentra pendiente de ser discutida.
“Esto nos refleja que a pesar de haber voluntad política, queda pendiente contar con un marco legislativo que es necesario para dotar de atribuciones a todas las autoridades” involucradas y para que también se “transversalice hacia los estados y municipios y, sobre todo, que tengamos recursos suficientes”, tanto financieros y humanos como materiales.
No obstante, dijo, pese a ello se han llevado varias acciones como el apoyo técnico a gobiernos y congresos locales para la construcción de sus propias leyes estatales e incluso el fortalecimiento de sus instituciones ya establecidas.
