Guadalajara, Jal. La visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas (ONU) reunió en esta ciudad a 16 colectivos de familiares de personas desaparecidas de Jalisco, Colima y Michoacán, y recabó de viva voz las experiencias del escaso apoyo oficial que reciben, así como testimonios de desapariciones que no se denunciaron ante las fiscalías respectivas por temor al crimen organizado.
La presencia del CED en Guadalajara forma parte del recorrido que realiza por 12 entidades del país donde el problema de las ausencias es más severo, gira que servirá para integrar las bases de un informe público que será presentado en marzo de 2022 y en el que se hará un balance de la actuación de las autoridades y los motivos por los cuales hay más de 92 mil desaparecidos en el país, según cifras oficiales.
Ante el creciente número de de-sapariciones forzadas en México, desde 2013, el CED buscaba hacer una visita al país para diagnosticar la situación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se la negó. Hace unos meses, la actual administración federal admitió la petición.
Este viernes el CED se reunió con los colectivos que se registraron, la mayoría de Jalisco, pero además de Colima y Michoacán, estados que tienen miles de denuncias por desaparición y un número indeterminado de que no han denunciado porque los familiares de las víctimas fueron amenazados, los funcionarios tienen relación con el crimen organizado y no confían en ellos.
Durante casi cinco horas en un salón del hotel Holiday Inn, los enviados de Naciones Unidas escucharon a puerta cerrada a los familiares de ausente. La reunión también sirvió para que los colectivos se vinculen y estrechen relaciones, para obligar a las autoridades a cumplir con los protocolos legales establecidos en el delito de desaparición.
Los integrantes de los grupos señalaron que durante la reunión el factor común fue denunciar la falta de seguimiento a los protocolos que establecen las leyes, pues, por ejemplo, aunque éstas obligan a una búsqueda inmediata tras denunciarse la desaparición, en los hechos las autoridades suelen esperar 72 horas para iniciar las pesquisas.
También atendió la petición hecha por las agrupaciones de familiares de los tres estados de que el CED documente, tomando en cuenta no sólo los números oficiales, sino la información emanada de los colectivos ante la realidad del subregistro que existe por el temor a denunciar.
Dora Jaime, del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, con sede en Michoacán, denunció que en su entidad ni siquiera se tiene un estimado de cuántas personas están esa situación, porque se les registra como secuestradas o extraviadas.
La reducción de recursos económicos en el proyecto de presupuesto estatal 2022 destinado a las instancias específicas que atienden la problemática de las desapariciones de personas en la entidad, representa destinar sólo 5 pesos diarios a rastrear el paradero de las poco más de 14 mil 700 no localizadas que hay en el estado, denunciaron el Consejo Ciudadano del Sistema de Personas Desaparecidas de Jalisco, organizaciones civiles y colectivos de familiares.
Destinarán en Jalisco $5.3 al día para localizaciones
En la partida 2022 que analiza el Congreso, se plantea destinar 104.9 millones de pesos para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero sólo 29 millones serán destinados a buscar y localizar personas, así como detener a los responsables, el restante se asigna a sueldos y prestaciones, es decir sólo se designaran mil 963 pesos al año por persona desaparecida o bien 5.37 pesos al día, acusaron.
(Con información de Jessica Xantmila)