Ciudad de México. Sería histórico que hubiera cuatro mujeres en la Suprema Corte, y que se eligiera a una jurista plenamente comprometida con la protección y garantía de los derechos humanos, expuso al comparecer ante senadores Loreta Ortíz, quién aspira a ocupar el cargo ministra del máximo tribunal.

Última de las tres integrantes de la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado, para elegir a quien cubra la vacante en la Suprema Corte, Ortíz, quien tiene una amplia trayectoria como juzgadora y académica, resaltó que de ser elegida al cargo, se comprometió a llevar adelante la reforma al poder judicial y para ello redoblar los esfuerzos en el combate a la corrupción, al tráfico de influencias y al nepotismo.

Esto, recalcó, “como un factor determinante para recuperar la confianza de la sociedad” en jueces y magistrados.

Al igual que los otros dos aspirantes, Ortíz reivindicó su independencia y autonomía frente al poder Ejecutivo, expuso que siempre ha actuado bajo el principio de que un juzgador debe dejar aparte sus ideología política, religión o cualquier otro tema personal al impartir justicia.

Ante la insistencia de los senadores panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez en el tema, recalcó que como integrante de ls Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura jamás habló a ningún juzgador para pedir alguna resolución y resaltó que examinó el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quién otorgó infinidad de amparos contra la ley eléctrica del presidente López Obrador y se encontró que actuó bien.

Sobre el aborto, se manifestó a favor de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que despenalizó la interrupción del embarazo.

En todo momento, Ortíz, quien contiende por tercera ocasión para el cargo de ministra se vió segura. Respondió tanto a las preguntas de orden jurídico y constitucional como a las políticas, en las que insistieron sobre todo los blanquiazules. Cuando éstos la criticaron por no haberse manifestado en contra del artículo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, respondió que no lo hizo porque en la Corte se encontraba una controversia constitucional.

Si se hubiera declarado constitucional esa reforma, sostuvo, habría renunciado a los dos años adicionales que le habrían tocado, como integrante del Consejo de la Judicatura.

En su intervención inicial, expresó estar “plenamente convencida de qué mi trayectoria como jurista, académica y profesional me permite comprender a cabalidad la trascendencia que tiene el ejercicio jurisdiccional del alto tribunal para efectos de combatir o de revertir criterios de impunidad y hacer efectivo el derecho a la justicia”.

Agregó que desde una perspectiva crítica “debemos de reconocer que la legitimidad del poder judicial no sólo puede depender de los esfuerzos para erradicar la corrupción. La legitimidad de los jueces también se encuentra vinculada a que la ciudadanía comprenda con mayor facilidad los alcances que tiene el sistema de justicia.”

Por este motivo otra de las tareas pendientes, dijo, involucra que los juzgadores garanticen un lenguaje claro y comprensible sus sentencias, a fin de que los ciudadanos puedan discernir alcances.