San Cristóbal de Las Casas, Chis., Ejidatarios de los municipios de Cintalapa y Belisario Domínguez afectados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió darle a Oaxaca la zona de los Chimalapas, informaron que constituyeron el Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco porque “no estamos de acuerdo con el dictamen y no lo vamos a respetar”.
Advirtieron que reforzarán las guardias comunitarias en cada localidad para evitar invasiones, pues “ya no nos vamos a dejar”, al mismo tiempo llevarán el caso a instancias internacionales.
Alfonso de Jesús Gómez Mendoza, presidente del comisariado ejidal de Constitución, Cintalapa, aseguró que “existe el riesgo de que nos invadan” los habitantes de las comunidades vecinas de Oaxaca. “En nuestro plano aparecen 28 parcelas y ya nos vienen cortando cinco o seis”.
Señaló que “como afectados o beneficiados, la Corte debió de haber hecho una consulta en nuestros ejidos para preguntar si uno quiere ser chiapaneco o oaxaqueño porque nuestros documentos agrarios son legales, firmados por el Presidente de la República. Nuestras credenciales, actas de nacimiento y todos los trámites que tenemos son cien por ciento chiapanecos”.
Añadió que con el fallo de la SCJN y los nuevos linderos, muchos ejidos quedarían “divididos: una parte en Chiapas y otra en Oaxaca. No es posible que teniendo el registro de las propiedades nos digan que ahora pertenecemos a otra entidad”.
En tanto, Jorge Humberto Luna Salines, representante de la ranchería San Marcos La Hondonada, municipio de Belisario Domínguez, manifestó que “no estamos de acuerdo con la resolución porque desde su origen está viciada”.
Indicó que sus vecinos oaxaqueños “tenían 90 días para impugnar cuando se fundó Belisario Domínguez, pero lo hicieron hasta el siguiente año; es decir, fuera de tiempo y aun así lo recibió la Corte; se está violentando la ley. No vamos a respetar lo que dice el máximo tribunal”. Aseveró que la situación en la zona está peor, ya que “antes era sólo un rumor y ahora con lo que hizo la SCJN enciende la mecha de nuevo. Hay riesgo de violencia”.
Gómez Mendoza subrayó que están organizando “un grupo con armas para nuestra defensa, para proteger los bienes que nos corresponden”. Manifestó que los habitantes de la zona “están espantados. No vamos a dar marcha atrás, pues no tenemos dónde ir; sólo preservaremos lo que nos corresponde”.
