Madrid. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentó que 14.8 millones de trabajadoras domésticas de América Latina y el Caribe no pueden acceder de forma efectiva a sus derechos y protecciones a causa de la informalidad y la falta de cumplimiento de las leyes que lastran los avances normativos.
Las condiciones del trabajo doméstico en la región han tenido avances desde que se aprobó el Convenio 189 de la OIT hace una década, pero los datos más recientes indican que “hay un largo camino por recorrer en materia de formalización y cumplimiento efectivo de las leyes”, reveló la organización dependiente de Naciones Unidas en el informe El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a 10 años del convenio.
Según la OIT, de 14.8 millones de empleadas del hogar contabilizadas en la región en 2019, 72.3 por ciento no tiene acceso a un empleo formal, 725 mil enfrentan niveles de protección legal “insuficientes o inadecuados” y 10 millones “carecen de cobertura por la falta de aplicación de las leyes y las políticas vigentes”.
Por ello, sólo 4.1 millones de trabajadoras de esta área “pueden acceder efectivamente a sus derechos y protecciones en la realidad”.
El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro, señaló que “la alta proporción de ratificaciones” del mencionado convenio y los “grandes” avances legales y de políticas revelan el “alto compromiso de los países de la región con la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar”. No obstante, “queda pendiente la parte más decisiva: conseguir su aplicación para hacer realidad el trabajo decente en el trabajo doméstico”, apuntó.
El informe recoge que en 11 de los 24 países considerados, la jornada laboral doméstica es “similar a la ordinaria”, mientras las “brechas principales” se dan en Centroamérica y República Dominicana, que sólo señalan un “tiempo mínimo diario de descanso”.
En la práctica, sólo cuatro de cada 10 empleadas domésticas de la región tienen una jornada de 35 a 48 horas semanales, mientras se aprecian extremos de más de 60 horas, que afecta a 3.8 por ciento de contratadas, y, por el contrario, menos de 20 horas para 23.3 por ciento.
En cuanto a la remuneración, 22 de los 24 países reconocen la protección del salario mínimo para las trabajadoras domésticas, pero en tres de ellos es inferior al definido para otros grupos, y en 10, parte del pago puede ser “en especie”, como en Costa Rica.
