Las personas con discapacidad tienen derecho a practicar el deporte de su elección, por lo cual las autoridades están obligadas a facilitarles esta actividad, adecuando sus instalaciones para permitirles ejercitarse en condiciones de no discriminación, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar un amparo a un niño con Síndrome de Down.

El caso inició cuando el Instituto Hidalgense del Deporte rechazó la petición de inscribir al menor a sus clases de natación, argumentando que por su condición no podría seguir el ritmo del resto de los alumnos.

Sus padres acudieron entonces al amparo, que sin embargo les fue negado, con el señalamiento que lo adecuado para su hijo era recu-rrir al “deporte adaptado”, en instalaciones y personal especializado.

Inconformes con la decisión, los padres apelaron y consiguieron que el caso llegara hasta la SCJN, donde la ministra Margarita Ríos Farjat presentó ante la Primera Sala un proyecto de sentencia ordenan--do que se trate al menor como a cualquier otro usuario y señala que la opción del “deporte adaptado” no es una solución integral para el caso.

“La incorporación a clases “ordinarias” de natación es adecuada y necesaria para lograr el objetivo que persigue: la inclusión social a través del deporte, pues su práctica le producirá beneficios individuales y físicos, pero sobre todo sociales y sicológicos; fundamentalmente aprenderá desde temprana edad a interactuar con los demás”, señala la sentencia del máximo tribunal.

Se añade que el instituto tiene la obligación legal de permitir el acceso de las personas con discapacidad, en un ambiente seguro, lo que incluye “usar materiales adicionales de aprendizaje, permitir a la niñera o cuidadora ingresar a la alberca en apoyo del profesor y, en su caso, asignarle a un entrenador adicional”.