En México son dos las modalidades más comunes de trata de personas: explotación sexual, la mitad de las víctimas; y de tipo laboral, tres de cada diez casos, de acuerdo con cifras oficiales.

El secretario técnico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles, informó que la ley en la materia ubica once formas de este delito.

Al participar en el foro nacional Enfoques y perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas, convocado por la sede en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el funcionario reconoció que hay retos pendientes en el país para combatir el ilícito.

El informe 2020 de la Comisión Intersecretarial, subrayó, reveló que las principales modalidades de trata de personas en el país son: con fines de explotación sexual, 52.9 por ciento de los casos; y con fines de abuso labora, 31.8 por ciento.

Ésta última, dijo, tuvo un incremento en el último año y se encuentra relacionada con el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las victimas, el engaño y abuso de poder.

Las once modalidades de trata de personas que la ley asienta son: esclavitud; condición de siervo; prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; explotación laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzosa; utilización de menores de 18 en actividades delictivas; adopción ilegal de menores de edad; matrimonio forzoso o servil; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos; y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

Santana Ángeles reconoció que pese a que hay miles de víctimas de estas violaciones a derechos humanos, el año pasado sólo se abrieron 165 causas penales por este delito.

“Es un problema completo que hasta el momento no hemos podido atender de manera sistemática. México es un lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas”, aseveró.

En su turno, Guillermina Cabrera, fiscal contra la trata de personas de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, planteó que para investigar y perseguir este delito los funcionarios públicos deben respetar los principios de máxima protección, perspectiva de género, prohibición de la esclavitud y de la discriminación, interés de la infancia, garantía de no revictimización, presunción de minoría de edad, entre otros.

Agregó que los agentes del ministerio público, policías de investigación, personal de refugios y todos aquellos que tengan contacto con las víctimas deben garantizarles sus derechos, resguardar su protección física y psíquica y el acceso a la justicia.

Haydee Vargas, fiscal de investigación de los delitos de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que además es fundamental actuar sobre la base de la imparcialidad, la honradez, la eficiencia, la legalidad y la eficacia.

“Debemos enfocarnos en la víctima, brindarle la protección establecida en los lineamientos, a fin de darle seguridad, respetar sus derechos, hacer la debida integración (de los expedientes) y abonar a un futuro resultado exitoso”.