Isla Mujeres, QR., Integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, conformado por familiares de desaparecidos, junto con víctimas de represión policial en Cancún el 9 de noviembre de 2020, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que las autoridades estatales cumplan con su exigencia de justicia para unos y la búsqueda de sus seres queridos para otros.
Castigo a represores de manifestantes en Cancún
En la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo en la Ciudad Militar, en la zona continental de Isla Mujeres, Cecilia Solís, comunicadora baleada por policías que intentaron disolver una protesta contra la desaparición de una joven en noviembre del año pasado, acusó que las autoridades estatales no han castigado a los responsables de disparar en contra de las manifestantes.
Aseguró que incluso el ex secretario de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella “prácticamente salió exonerado”, mientras las autoridades locales “sólo se echan la bolita” y no castigan a los uniformados que dispararon esa noche contra las mujeres.
A título personal, Cecilia Solís expuso que ha sido intimidada por demandar castigo para todos los autores. Recientemente dejaron una amenaza escrita en una cartulina en su vehículo y recibe mensajes en redes sociales, por lo que acusó al gobierno estatal de “orquestar” esa campaña.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ofreció que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, se comunicará con la afectada para encontrar una solución.
Más temprano, al llegar a la Ciudad Militar, el presidente López Obrador fue abordado por cinco mujeres, integrantes de Verdad, Memoria y Justicia.
Las activistas le refirieron que a varios años de la desaparición de sus familiares no hay avances en las investigaciones, por lo cual solicitaron su apoyo.
En un pliego petitorio, la líder del colectivo, Romana Rivera Ramírez, solicitó al mandatario que les ayude a localizar a sus seres queridos ausentes desde hace tres o cinco años. Aseguró también que a la fecha las autoridades estatales no les han entregado los expedientes de búsqueda de campo o individualizada.
