Este lunes fue interrumpida una larga historia de tolerancia a las actividades de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, máximo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Una ojeada al expediente del supuesto cerebro financiero de este grupo muestra que González Valencia se había beneficiado de ­inacción o poca enjundia judiciales. Fue detenida en mayo de 2018, también en Zapopan (Enrique Peña Nieto todavía como ocupante de Los Pinos; Aristóteles Sandoval como gobernador de Jalisco, asesinado en Puerto Vallarta casi dos años después de dejar el poder). Acusada de operaciones con recursos ilícitos, en septiembre del mismo 2018 obtuvo libertad condicional mediante una fianza de millón y medio de pesos.

Nada habría alterado las actividades de Rosalinda salvo que, según versión oficial, dejó de acudir periódicamente a firmar ante un juez. Por ello fue detenida, justamente a unos días de que el Presidente de México asistiera a la reunión de líderes trinacionales que se realiza hoy en Washington. El mismo día, secuestraron en Zapopan a dos miembros de la Marina y ayer hubo un aparatoso operativo del Ejército en busca de los desaparecidos o, según otras versiones, de familiares de González Valencia y Oseguera.

La súbita y ruda evolución del caso Rosalinda hace recordar la pasividad, hasta ahora sostenida, del aparato institucional mexicano ante el hijo del famoso Chapo, Ovidio Guzmán, a quien se aplicó una vara de medición, en el contexto del cártel de Sinaloa, distinta de la utilizada respecto al Jalisco Nueva Generación.

Esa disparidad de criterios promueve la versión de que hay una decisión binacional de enfrentar al grupo de denominación jalisciense con una fuerza que no se utiliza contra el sinaloense. Nunca ha resultado positivo que, así sea en apariencia, el poder del Estado muestre disposición a cargarse hacia alguna de las pugnas entre grupos delictivos, en este caso los más poderosos del país.

Resulta impropio que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifieste a título personal y con razonamientos más políticos que jurídicos respecto a un caso delicado recientemente sometido a la consideración de tal poder. Pero Arturo Zaldívar lo ha hecho, al declarar, en el contexto del recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral, que según este órgano pondría en “riesgo” el ejercicio de revocación de mandato, que “cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que se tiene por obligación”.

Por lo pronto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha dicho que trabaja en dos rutas: analizar si se pueden hacer “ajustes” económicos y, a la vez, recurrir a la Corte. Pero, advierte, si en algún momento el ejercicio de revocación de mandato “está en entredicho”, será por la falta de dinero para esos menesteres. ¿Cuál ruta le quedará mejor a Córdova?

Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene a resguardo, reporta que en Veracruz se han multiplicado los delitos cometidos por fuerzas policiacas, sobre todo los secuestros exprés. Relatan que durante la administración de Fidel Herrera Beltrán se asentaron en esa entidad miembros de cárteles que operaron libremente y, ya con Javier Duarte de Ochoa, fueron incorporados con uniforme a la llamada Fuerza Civil.

Con el morenista Cuitláhuac García, a quien se le acumulan los problemas sin verdadera solución, se mantuvo esa dualidad policiaca y delictiva y, en semanas recientes, hay una acometida para detener a quien pueden, argumentando cualquier falta o presunto delito, mediante “evidencias” sembradas, para llevar al supuesto infractor a lugares clandestinos desde donde se llama a familiares para pedir rescate por miles de pesos. Los casos no son reportados a las autoridades porque los secuestrados asumen que les iría peor. ¡Hasta mañana!

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