Ciudad de México. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito revocó el amparo que un juez federal le concedió a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para recuperar su residencia ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares, Ciudad de México, que estaba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con el fallo, la fiscalía mantendrá el aseguramiento del inmueble que el ex funcionario ofreció como pago de reparación del daño causado por la compra con sobreprecio de 200 millones de dólares de la empresa Agronitrogenados en 2015.

En mayo pasado, el juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal le concedió la protección de la justicia para que el Ministerio Público Federal dejara insubsistente la orden de asegurar el inmueble y quedara por el momento a disposición del juez de control que lo procesó por el caso Agronitrogenados, para evitar que la propiedad pasara a manos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la FGR, catearon y aseguraron la propiedad como parte de la investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

La residencia, que forma parte de la investigación por el delito de lavado de dinero, la adquirió Emilio Lozoya con el soborno entregado por el empresario Alonso Ancira Elizondo, tras la compraventa a sobreprecio de dicha planta.

Con el propósito de que la FGR se dé por satisfecha y considere reparado el daño causado por los sobornos recibidos de Odebrecht y Altos Hornos que ascendieron a 13.5 millones de dólares, el ex director de Pemex, quien en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Norte, ofreció entregar dos de sus residencias, una de ellas es la de Lomas de Bezares y la otra en Ixtapa Zihuatanejo, las cuales presuntamente habría adquirido con ese dinero recibido entre 2012 y 2015. Sin embargo, la fiscalía se ha negado a aceptar el trato.