Al dar a conocer pormenores de sus encuentros con embajadores de la Unión Europea (UE), organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas y Serapaz informaron de las denuncias que expusieron sobre la creciente violencia en Chiapas, aun cuando se ha optado por la “remilitarización” de la entidad, como el desplazamiento forzado de 14 mil 776 personas en los Altos, el aumento en la desaparición de personas, así como mayor marginación económica y social por la pandemia de Covid-19.
En su informe sobre las reuniones privadas que sostuvieron entre el 11 y 13 de noviembre, indicaron que de las consideraciones expuestas destacaron el aumento de la discriminación histórica y estructural “que ha resultado en la marginación y pobreza de los pueblos indígenas”, los cuales enfrentan un repunte de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.
Explicaron a los gobernadores que a pesar del incremento de las personas desplazadas en los Altos, los apoyos humanitarios que ofrece el gobierno federal son insuficientes para satisfacer necesidades mínimas a los afectados por este fenómeno. Los convenios temporales de paz son una acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han sufrido las comunidades de la zona de los Altos y Norte de Chiapas, indicaron.
Las organizaciones también reprocharon las políticas “cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional, ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia”.
Paralelamente, en el diagnóstico que ofrecieron a los diplomáticos explicaron que “se registra un incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural, ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra, con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria”.
Asimismo, detallaron que durante las pasadas elecciones la violencia política repuntó en la entidad. De igual forma, hay mayores riesgos para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, “las cuales han sido víctimas de agresiones”.
