Aun cuando la resolución carece de valía práctica, pues desde el 6 de agosto de este año ya la había anulado el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Sala Superior determinó ayer de forma unánime la inconstitucionalidad de la pretensión de extender por dos años el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El plan de continuismo de Zaldívar en el Poder Judicial tuvo como ejecutor material al senador del ente de las cuatro mentiras (el Partido Verde Ecologista de México), Raúl Bolaños Cacho Cué, quien presentó en abril de este año un artículo transitorio a último minuto de una sesión legislativa, de manera tramposa y bajo cobijo de los directivos del Senado, Eduardo Ramírez (de Morena, antes verde, quien presidía la mesa directiva) y Ricardo Monreal.

La marrullería de Bolaños Cacho Cué (quien ahora busca ser candidato a gobernador de Oaxaca por la coalición de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo) trató de dar cuerpo al deseo de Palacio Nacional de que Zaldívar no se fuera de su cargo el uno de diciembre de 2022, sino el último de noviembre de 2024. Es decir, que siguiera presidiendo la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, hasta la última hora del ejercicio obradorista.

La tentativa de extensión de mandato fue duramente criticada, no sólo por segmentos opositores al gobierno andresino. Se le tachaba de relección nada disfrazada, que podría dar pie a posterior intento similar de su impulsor, el Presidente de la República. Zaldívar tomó el pulso de sus colegas ministros y prefirió declinar: “mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte”, sentenció.

Ahora bien, conforme a lo que con insistencia declaró el Presidente de la República, sólo el citado ministro Zaldívar tendría los méritos y capacidad para aplicar eficaz y honestamente la reforma judicial aprobada este año en las cámaras legislativas. En abril, ya advertía Andrés Manuel López Obrador: “si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo que era el antiguo régimen”.

En junio, señaló: “Si deja la presidencia el ministro Zaldívar, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia; piensan, si acaso, en el derecho (...) No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial, y el que tenía ese propósito (en referencia a Zaldívar) fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo”.

Condicionado a seguir con las mismas piezas judiciales que ha impugnado (incluso a los ministros que él propuso, ya como Presidente de la República) y, si ha de asumirse el diagnóstico anterior que sin Zaldívar veía totalmente inviable sanear ese Poder Judicial, AMLO ha propuesto ya una terna de cercanía para que el Poder Legislativo designe a un nuevo ministro, en sustitución de José Fernando Franco González-Salas, cuyo periodo termina luego de 15 años.

Las cartas de Palacio Nacional para el asiento en la Corte ya han sido jugadas en otras competencias: Bernardo Bátiz Vázquez, quien parecía encaminarse a la Fiscalía General de la República que finalmente ocupó Alejandro Gertz Manero; Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien también había sido propuesta para la citada FGR; y Loretta Ortiz Ahlf, que ya dos veces antes estuvo en la terna para la Corte.

Las tres personas propuestas ocupan sendas consejerías de la Judicatura Federal (https://bit.ly/3l4wYzR). Vale recordar que el transitorio que proponía la continuidad de Zaldívar también lo hacía para los miembros de esa Judicatura.

Y, mientras Rosalinda González Valencia, esposa del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido detenida en Zapopan, mismo municipio conurbado con Guadalajara en el que horas después fueron secuestrados dos elementos de la Marina, ¡hasta mañana!

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