En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dará a conocer los nombres de los legisladores estadunidenses que no apoyen la iniciativa de regularización migratoria que el mandatario estadunidense, Joe Biden, prometió presentar ante el Congreso de su país. “Vamos a dar a conocer que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación, y (que) merecen ser tratados con justicia”, dijo el titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, López Obrador respaldó la postura de su homólogo estadunidense, quien “se comprometió a regularizar la situación de 11 millones de migrantes; nosotros vemos muy bien esa decisión y estamos conscientes de que no depende sólo del Presidente, sino del Congreso, de legisladores del Partido Republicano y del Demócrata”. Por otra parte, contrastó la influencia política que ejercen los cubanos en la nación vecina con la de los ciudadanos méxicoestadunidenses, que “deben estar atentos y tener dos objetivos: defender a los mexicanos y a México, actuando con respeto a las leyes de Estados Unidos”.
No es fácil, desde el gobierno mexicano, fijar una postura que resulte respetuosa de la soberanía de Estados Unidos y al mismo tiempo de defensa de nuestros connacionales en ese país. Y es precisamente ese equilibrio el que buscó el mandatario en su exposición: procurar la seguridad, el bienestar y la justicia para los millones de mexicanos residentes en la nación vecina es sin duda un deber insoslayable de México, pero al mismo tiempo, observar pleno respeto a los asuntos internos estadunidenses, como es la definición de leyes, reglamentos y disposiciones en materia migratoria.
Debe considerarse, por otra parte, que mal haría el Presidente mexicano en no asumir una actitud de apoyo activo, hasta donde la prudencia diplomática lo permita, a las promesas de Biden de regularizar a millones de migrantes, las cuales enfrentan desde ahora formidables obstáculos, empezando por la renuencia o el abierto rechazo que suscitan entre la mayor parte de los legisladores republicanos y una importante porción de los demócratas. A fin de cuentas, la prédica racista y xenofóbica alentada durante cuatro años en la Casa Blanca ha dejado una impronta en la sociedad y la clase política de Estados Unidos.
Por otra parte, resulta evidente que los trabajadores extranjeros desempeñan un papel indispensable en la economía de la superpotencia, en su productividad y en su alicaída competitividad ante Asia y Europa, y no será fácil para los detractores de la reforma migratoria propuesta por Biden ignorar esa realidad. Por añadidura, las comunidades mexicanas en el territorio de Estados Unidos pueden llegar a convertirse, por su número y su influencia, en un factor político incluso más poderoso que el que representa el conglomerado de cubanos y cubanoestadunidenses. Y López Obrador instó a los mexicanos que han conseguido la ciudadanía estadunidense a concretar ese potencial para incidir en primer lugar en una mejoría sustancial del marco legal injusto y opresivo que padecen nuestros connacionales.
Por lo demás, el titular del Ejecutivo federal reiteró la que ha sido su principal propuesta hacia los mexicanos en el exterior, y particularmente a los que residen en el vecino país: crear las condiciones económicas, sociales y de seguridad necesarias para que, si lo desean, puedan regresar a sus lugares de origen.
Lo anterior marca sin duda un reajuste necesario en la política bilateral por parte de México, acorde con el tránsito de la era Trump a la era Biden, y con las nuevas posibilidades y las nuevas dificultades generadas por el arribo del demócrata a la Casa Blanca. Cabe esperar que en esta etapa siga predominando el difícil equilibrio entre la defensa de los connacionales y la no intervención en los asuntos internos estadunidenses, entre autodeterminación y colaboración, entre concordia y soberanía.
