Chilpancingo, Gro., Unas 60 organizaciones no gubernamentales y más de 102 personalidades y autoridades municipales propusieron ayer al Congreso del estado que se incluya a Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos para la designación del fiscal de Guerrero.
El diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, les aclaró que para ser considerado en la terna el interesado tiene que registrarse ante la instancia correspondiente.
Al término de un mitin fuera del Congreso, Diana Hernández, hija de Ranferi Hernández, finado dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, reconoció que la propuesta “implica un riesgo muy alto, porque estamos hablando de tomar la vía de la legalidad, que ha perdido la Fiscalía del Estado”. También consideró que es muy importante “dar este paso, no sólo por la coyuntura política, sino porque necesitamos un Estado que dé certeza”.
Acepta el riesgo
Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, dijo que se propone a Rosales Sierra “porque ya no queremos la imposición de un fiscal carnal; ya no queremos fiscales bandidos ni narcos”.
Aseguró que a “Vidulfo lo vamos a respaldar hasta el final. Es un riesgo, y él lo sabe. Ya hemos platicado con él las organizaciones que lo estamos proponiendo. Le hicimos ver que esta situación lo pone en un estado de vulnerabilidad, pero él, como hombre valiente, probo y honesto, aceptó”.
En el escrito presentado al órgano legislativo, destaca que no ha habido justicia en los casos de asesinados y desaparecidos. “Las investigaciones se han dilatado; adolecen de irregularidades y en la mayoría existe impunidad, como sucedió con los (asesinatos) de Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Ranferi Hernández”.
Indicó que les preocupa la violencia generada por el crimen organizado, que actúa en connivencia con autoridades y está dejando miles de muertos y desaparecidos, mientras “en la Fiscalía General del Estado persiste la corrupción”.
Por ello propusieron a Rosales Sierra, con conocimientos en materia penal y de derechos humanos, con 20 años de trayectoria en la defensa de luchadores sociales.
