El Poder Judicial de la Ciudad de México requerirá el año próximo al menos 500 millones de pesos adicionales para la instalación de salas en materia laboral dentro de su estructura orgánica, conforme a la reforma constitucional de 2017, y para continuar la creación de juzgados de tutela de derechos humanos en las alcaldías.
El diputado de Morena Norberto Nazario Sánchez dijo en entrevista que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá contar con los recursos suficientes para dar cumplimiento al mandato de las constituciones federal y local, donde se establece el próximo primero de mayo como la fecha en que deberán iniciar actividades el Tribunal Laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación, organismo público descentralizado del gobierno capitalino.
Al respecto, ayer el TSJ inició el proceso de selección de juzgadores en la materia con 196 aspirantes, tanto internos como externos, inscritos ante el Instituto de Estudios Judiciales, con lo que el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el Poder Judicial estará listo para impartir justicia laboral en la fecha señalada.
En la primera fase del concurso se seleccionará a 25 impartidores de justicia en materia laboral –10 de los cuales quedarán en reserva– para llegar en noviembre próximo con 50, de un total de 80 en los siguientes dos años.
“Se ha hecho un enorme esfuerzo para asumir la justicia laboral; vamos muy avanzados en este proceso, por lo que descartamos prórrogas para empezar con esta nueva función”. El Poder Judicial local será el aparato de justicia en ese rubro más grande en el país, afirmó Guerra.
Nazario explicó que los recursos con que opera la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tendrían que irse transfiriendo para implementar el sistema de justicia laboral. El organismo tuvo asignado este año un presupuesto de 441.7 millones de pesos y continuará conociendo de los procedimientos hasta en tanto entren en funciones el Tribunal Laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación.
En cuanto a los juzgados tutelares, el legislador recordó que la Constitución local dispuso instalar uno en cada alcaldía a más tardar el 31 de julio de 2020, pero mediante una reforma se modificó el transitorio correspondiente para establecer su creación de manera progresiva, con base en la suficiencia presupuestal, e iniciar con al menos dos el 31 de agosto de ese año, que son los únicos con que cuenta el TSJ.
