El 25 de noviembre se realizará en Chile –donde se encuentra– la audiencia de juicio de extradición en contra del ex diputado federal del Partido del Trabajo Mauricio Toledo, acusado del presunto delito de enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) le informó que el 28 de octubre se presentó en tiempo y forma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal con fines de extradición para que fuera transmitida por los conductos diplomáticos al gobierno de ese país.

En respuesta, el 11 de noviembre, la Fiscalía Nacional de la República de Chile le dio a conocer que ya fue entregado a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición de México en contra del ex jefe delegacional de Coyoacán, indicó.

Además, solicitó que se le hicieran llegar todos los datos de identidad del perito y agente policial que rendirían su declaración desde México por videoconferencia, por lo que la institución entregó a la FGR la información de cinco policías de investigación y dos peritos en materia de contabilidad.

Se trata, dijo, de determinar qué servidores públicos rendirán su declaración en la audiencia de extradición, y esperar que el resultado “sea favorable y permita que próximamente dicha persona sea repatriada y se presente ante el juez de control que lo requiere”.

Coordinación permanente

Por ello, personal de las fiscalías de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y de Mandamientos Judiciales está en coordinación permanente con el de la Dirección de Extradiciones de la FGR para preparar lo relativo a la intervención de esta fiscalía en la audiencia, precisó en un mensaje a medios.

El 4 de septiembre del año pasado, la Fiscalía de Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra de Toledo, donde se acreditó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, el cual no es acorde con los ingresos legalmente manifestados.

Tras el análisis de las declaraciones patrimoniales que presentó desde 2006 y de la información registral y notarial proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio se le relaciona con tres propiedades valuadas en 34 millones 560 mil 149 pesos.

Asimismo, no declaró 11 millones 419 mil 987 pesos, por lo que, en enero pasado, la FGJ anunció que se le investigaría por el delito de enriquecimiento ilícito y solicitó su desafuero para que enfrente el proceso penal en su contra.

El pleno de la Cámara de Diputados se lo retiró en agosto pasado e Interpol México emitió una ficha roja para su localización, pues había abandonado el país; mientras, la fiscalía inició los trámites para su extradición de Chile, donde está en calidad de prófugo.