Ciudad de México. México enfrenta una verdadera crisis humanitaria con más de 94 mil desaparecidos, que representan una herida abierta heredada porque el Estado mexicano “abdicó de su responsabilidad de búsqueda de personas”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejando Encinas. Ante integrantes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para asumir la responsabilidad del Estado y que garantice el derecho de las personas “a ser buscadas”.

Si bien en 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, era un esquema inoperante. “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, agregó.

Durante el acto protocolario de bienvenida en el Palacio de Cobián, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la misión, respondió: “Acogemos con muchísima satisfacción la disposición del Estado mexicano de recibir esta visita solicitada desde 2013. Muestra su voluntad de abrir las puertas a ese escrutinio y presencia del Comité”. Ofreció colaboración plena para contribuir a prevenir la desaparición de personas y poner fin a la impunidad.

Enfatizó que la visita a México es “histórica” porque es la primera que realiza el CED desde su creación hace 11 años. Habrá encuentros con autoridades federales y estatales (Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, entre el 15 y 26 de noviembre), también con las víctimas, participarán en acciones de búsqueda oficiales y las que organizan las víctimas para observar las dificultades, se reunirán con instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos y visitarán penales.

“Nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y las instituciones de derechos humanos nos va a permitir apreciar e identificar formas para erradicar la desaparición forzada”. Villa adelantó que el informe sobre la visita se presentará ante el pleno del CED en marzo próximo.

Encinas afirmó que esta crisis humanitaria es la “herencia más dolorosa que enfrenta el país derivado de la guerra sucia y de la mal llamada guerra contra el narcotráfico”, pues esta última, que comenzó en 2006, desató un fenómeno de desaparición entre particulares derivada de la corrupción de las corporaciones policiacas vinculadas al crimen organizado.

Ante la coyuntura, la nueva administración ha mandado señales muy claras de un viraje institucional: se conformó la comisión especial para esclarecer la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la guerra sucia en México entre 1965 y 1990.

Recordó que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que derivó en que se han realizado 2 mil 300 jornadas de exploración; se estableció el protocolo homologado de búsqueda y un protocolo adicional para niños y adolescentes; se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se han canalizado más de mil 200 millones de pesos para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales; además se conformó la Mesa para Migrantes Desaparecidos y se crearon centros regionales para identificación humana.