Santiago de Chile. El Senado de Chile se reunió este martes para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno.

La crucial sesión se produce a sólo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026, cuyo ganador recibirá la banda de mando el 11 de marzo de 2022 de Piñera o de su sucesor, en caso de que sea destituido.

Para que Piñera sea removido se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición tiene 24 sufragios y los cinco que le faltan deberían provenir de legisladores oficialistas, lo que sería difícil. Si es declarado culpable, no podrá ejercer ningún cargo público durante cinco años.

El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político y sólo tiene prohibido salir de Chile a la espera de la decisión del Senado. Las acusaciones contra el mandatario son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se votarán por separado.

La acusación fue presentada en octubre por 16 diputados opositores luego de los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales, que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condiciona uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.

Por los mismos hechos la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito” relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.

Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato. El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.