Santiago. El Senado chileno, actuando como jurado, desechó la acusación constitucional que buscaba destituir al presidente Sebastián Piñera, al sumar sólo 24 de los 29 votos que como mínimo necesitaba para aprobarse. La totalidad de la oposición votó por desalojar al gobernante, mientras que 18 oficialistas lo hicieron en contra, más una abstención.

La semana pasada la Cámara de Diputados la aprobó por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones.

La acusación, que responsabilizó al debilitado presidente de "infringir abiertamente la Constitución y las leyes” y por "comprometer gravemente el honor de la Nación”, fue consecuencia de conocerse la existencia de un contrato negociado en Islas Vírgenes por una sociedad de los Piñera Morel con su socio y amigo Carlos Alberto Délano, según el cual el tercer pago de los 152 millones de dólares pactados por el 33 por ciento de las acciones de la familia presidencial y de otros minoritarios en Minera Dominga, sólo se concretaría a condición que no se declarara bajo protección ambiental la zona del proyecto, una petición hecha por organizaciones civiles y medioambientales que sigue sin ser aceptada.

“Los actos del presidente Piñera corresponden a un actuar deshonesto, abusivo, hechos que rompen la confianza de nuestra Nación y que contravienen su rol de jefe de Estado”, argumentó ante los senadores el diputado Gabriel Silber, agregando que "ha creado una situación de constante inestabilidad y descrédito”.

Mientras que la diputada Gael Yeomans planteó que “esta acusación demuestra un notable conflicto de intereses, negociaciones incompatibles y un actuar sin ética del señor Piñera”, agregando que “si la acusación se rechaza, seguiremos insistiendo usando todos los mecanismos disponibles a nivel nacional e internacional”.

La defensa de Piñera, a cargo del abogado Jorge Gálvez, acusó que "lo que se plantea hoy es una desvaloración de la carrera del Presidente, hay una crítica personal y a su trayectoria”, y que "se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral”.

Según el defensor, "es mentira que la familia Piñera Morel haya realizado la venta de Dominga” e insistió en que ya hubo una investigación judicial que no encontró antecedentes.

Pero el caso no está cerrado, porque el Ministerio Público reabrió el "Caso Dominga" e indaga a Piñera como imputado por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.

Más allá de que se salvó porque no se alcanzaron los 2/3 requeridos para removerlo a cuatro meses del fin de su mandato, Piñera queda marcado y manchado ante la historia, no sólo por el fracaso monumental que ha sido su gobierno, su descrédito personal con apenas 10 por ciento de aprobación y por las masivas y brutales violaciones que se cometieron durante la represión de las protestas sociales, sino por ser el primer gobernante chileno en enfrentar una debacle política de tales proporciones.

Debate presidencial

En otro orden de cosas, en la recta final a las elecciones generales del 21 de noviembre en Chile, un debate presidencial realizado antenoche en la televisión abierta, con alto rating de audiencia, podría resultar clave en el desenlace del domingo, luego que el candidato ultraderechista José Antonio Kast, uno de los dos favoritos, cometió errores que pueden debilitarlo en los días restantes.

Hasta la semana pasada, el aspirante del Frente Social Cristiano lideraba varias encuestas con unos 30 puntos, levemente arriba o emparejado con el izquierdista Gabriel Boric, del Pacto Apruebo Dignidad.

La candidatura de Kast, restauradora del conservadurismo y repleta de fundamentalismo religioso, partió meses atrás con un dígito en los sondeos, pero su desempeño en los debates previos lo impulsaron. Apeló a un discurso contra la inmigración, la inseguridad en los barrios, prometiendo dureza contra la delincuencia y el narco, cuestionando a la clase política y a la burocracia; alentando la intervención militar en la Araucanía y criminalizando la protesta social, además de potenciado por el naufragio del candidato oficialista Sebastián Sichel.

Kast, un abogado de 55 años, admirador de Pinochet, Trump, Bolsonaro y del neofascista español Santiago Abascal, propone cosas como eliminar el Ministerio de la Mujer; priorizar la asistencia social a mujeres casadas en un país donde el 25 por ciento de las madres son solteras y donde el 70 por ciento de los niños nacen fuera del matrimonio; o cavar zanjas en las fronteras con Bolivia y Perú para impedir el paso de migrantes.

Pero la noche del lunes, con un rating próximo al 40 por ciento en horario prime, con millones de personas siguiendo el debate y apretado por las y los periodistas, Kast lució apocado, confundido, perdido en la revisión de sus papeles, ignorante de cifras económicas o desconociendo afirmaciones que están en su plan de gobierno o bien contradiciéndolas o declarándose contrario a ellas.

Tan mal se vio que cuando una periodista lo cuestionó acerca de dar incentivos fiscales a mujeres casadas, apoyadas por sus parejas en la crianza de los hijos, y no a jefas de hogar que deben bregar solas, Kast le preguntó: “¿Usted es casada?”. Ella le respondió “soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia”.

“Por eso, porque es privilegiada igual que yo, pero hay miles de mujeres que están casadas hoy día y que son pobres, vulnerables“, insistió.

Sus contendores aprovecharon el momento para fustigarlo.

La pregunta que los analistas se formulan es cuántos puntos puede caer Kast hasta el domingo.