Chihuahua, Chih., El gobierno estatal transgrede la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado al nombrar funcionarios de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) que carecen de un enfoque promotor de las libertades civiles, afiliados a grupos políticos priístas vinculados al despojo del territorio y a la explotación de los recursos naturales de la Sierra Tarahumara, consideró el colectivo Antropólogas y Antropólogos Observantes de los Derechos Indígenas de Chihuahua.
En conferencia de prensa, los antropólogos Horacio Almanza Alcalde y Susana Navarrete López aseguraron este lunes que el actual director de la Coepi, Enrique Alonso Rascón Carrillo, “alienta la discriminación social e institucional hacia la población originaria, además de una cultura de corrupción y clientelismo, que da pie a otras situaciones tan graves como la narcoeconomía y su violencia asociada”.
Informaron asimismo que 45 profesionales de la antropología, especializados en la realidad de la sierra Tarahumara, emitieron una carta en la que alertaron a la opinión pública sobre el director de la Coepi y sus funcionarios, quienes “incumplen el enfoque de derechos humanos” con que se creó el organismo en 2016, al impulsar “erradas políticas públicas que han propiciado violencia, desigualdad y exclusión”.
Explicaron que Rascón Carrillo es licenciado en administración financiera y desconoce los problemas de la Tarahumara; además, tiene lazos con políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes demandaron penalmente a los gobernadores rarámuris del poblado de Mogótavo para apropiarse de terrenos del parque nacional Barrancas del Cobre, donde habita su etnia.
Hicieron énfasis en que la designación de Enrique Alonso Rascón al frente de la Coepi provino “desde las altas esferas políticas y por intereses contrarios a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no obstante que las comunidades cuentan con un proyecto de vida propio, (pero) el gobierno del estado ha prestado oídos sordos a sus voces, aplicando medidas verticales”.
Asimismo, expresaron su preocupación por la posibilidad de que los vínculos de Rascón con prácticas de despojo de bienes raíces “incrementen la tendencia a la violación de derechos, reproduciendo aún más el problema”, y pidieron “escuchar las voces de personas integrantes de comunidades indígenas organizadas, que también demandan atención a este punto”.
Horacio Almanza y Susana Navarrete además exigieron que “un equipo experimentado en la cultura indígena y con trayectoria de servicio en el mejoramiento de las condiciones de vida de las etnias participe en el diseño de la política indigenista del gobierno del estado”.
Los especialistas concluyeron: “Basados en el ejercicio profesional del análisis, asumimos la necesidad de hacer pública nuestra posición frente a esta preocupante muestra de discriminación institucional”.
