La Novena Cumbre de Líderes de América del Norte, el próximo jueves 18 de noviembre en Washington, debe ser mucho más que una reunión protocolaria: de ahí tienen que emanar acuerdos concretos para atender y construir las bases para una solución de fondo al problema migratorio, en los linderos, si no es que ya está constituida en una franca crisis humanitaria.
Las escenas desgarradoras de familias enteras de migrantes, flujos incesantes de sur a norte, desde los países hermanos de Centroamérica y recientemente también desde el Caribe, sin exentar a núcleos crecientes de mexicanos, son un llamado contundente a la inmediata toma de decisiones, enmarcadas en políticas públicas concretas, para ir más allá de la simple contención física de un fenómeno con causas sociales profundas e históricas.
En la agenda prioritaria del encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México, Joe Biden, de Estados Unidos, y el primer ministro Justin Trudeau, de Canadá, figuran, además del tema migratorio, en el marco de una cooperación para el desarrollo, el Covid-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte, así como la competitividad, en busca de condiciones para un crecimiento equitativo y exitoso.
Es la primera vez en cinco años que se reúnen los jefes de Estado de los tres países que integran el T-MEC, antes TLCAN, uno de los mayores mercados de libre comercio del mundo, pero al mismo tiempo el que mayores asimetrías presenta en los indicadores socioeconómicos de sus integrantes, lo que hace más apremiante definir nuevos términos para un libre tránsito de las personas, o cuando menos un programa de regularización y respeto a los derechos humanos, y no sólo un libre intercambio de mercancías, limitado a atender las necesidades de un capitalismo globalizado.
No olvidemos que, para empezar, está pendiente concretar un programa anunciado por el actual gobierno de Estados Unidos a fin de regularizar la estancia de más de 10 millones de inmigrantes, la mayoría mexicanos y centroamericanos, ya con años de estar contribuyendo a la creación y sostenimiento, con su trabajo, consumo e impuestos, de la mayor economía mundial.
Los tres temas contemplados en la agenda de la reunión de esta semana son álgidos y sensibles (salud, economía y migración), por lo que demandan de la mayor atención de los tres gobiernos, pero en la actual coyuntura, luego de la necesidad de universalizar el acceso a las vacunas, el acento debe estar puesto en la implementación de medidas de Estado y de incentivos al desarrollo continental para atemperar y regular los flujos migratorios.
La migración, lejos de disminuir, ha crecido conforme se ha consolidado el mercado de América del Norte, sobre todo en los tiempos de la pandemia sanitaria, y ahora con el ligero repunte de la economía global.
Las cifras son elocuentes y no requieren de interpretación. Estados Unidos arrestó entre octubre de 2020 y septiembre de este año a más de 1.7 millones de indocumentados que cruzaron la frontera con México, una cifra no vista en las últimas décadas, según registros oficiales de fines de octubre difundidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Alrededor de 57 por ciento de las familias provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, pero también casi 600 mil de esas personas provenían de México, cientos de miles más de Haití y de otros países del Caribe.
Hecha la estimación desde enero pasado, la CBP calcula en cerca de un millón 800 mil el total de detenciones en la frontera al cierre del año fiscal 2021, lo que supera el registro de 1986, cuando 1.69 millones de personas fueron arrestadas en la frontera.
Es importante destacar que en este periodo se registraron más de un millón de expulsiones bajo el Título 42, una figura jurídica ostensiblemente discriminatoria y arbitraria legada por la anterior administración estadunidense, pues permite deportar de manera inmediata a los indocumentados con el pretexto de la propagación del Covid-19, como si los migrantes fueran un núcleo demográfico especialmente portador del virus.
Otro dato sensible es que durante el presente año ya se registró un récord de 145 mil niños migrantes detenidos y no acompañados, es decir, a la intemperie y sin ninguna protección para un tránsito de por sí complicado y azaroso. La mayoría de estos niños provienen de Centroamérica.
Por lo anterior, no sólo se necesita una visión regional sobre la migración, como expresó en un comunicado del 10 de noviembre el gobierno de Estados Unidos, se requiere de mucho más: una visión continental para atacar el fenómeno en la raíz y no únicamente en las consecuencias.
El próximo año México será el anfitrión de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte. Para ese encuentro deben estar ya en marcha, y no sólo proyectadas, políticas públicas concretas para desincentivar la migración del sur al norte. La generación de oportunidades de desarrollo, empleo y calidad de vida en los países hoy expulsores de la población migrante, con una visión continental, es la única vía para transitar de las medidas inmediatistas de contención a las soluciones integrales de fondo.
