Hoy inicia la visita oficial a nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Se trata de una cita de importancia histórica tanto por la magnitud de esta problemática en México, como por concretarse después de que la anterior administración federal la rechazara en dos ocasiones. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, señala que esta visita sólo puede realizarse bajo invitación expresa del Estado mexicano, por lo que representa un paso muy importante para el escrutinio internacional de esta modalidad de violación de los derechos humanos, así como una muestra de la voluntad gubernamental para investigar y esclarecer este fenómeno.
Las cifras de desaparición en el territorio mexicano son escalofriantes: en 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro contaba 29 mil 203 casos, pero para 2018 el registro se disparó hasta 69 mil 556. A la fecha, el Sistema Nacional de Búsqueda reporta 94 mil 406 personas no encontradas.
En su diagnóstico sobre México publicado hace tres años, en el último tramo del sexenio pasado, el CED lamentó la “situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización”, asimismo, manifestó observar “con preocupación la falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada”, además de los obstáculos existentes “para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones”. En efecto, frente a los casi 100 mil casos reconocidos, hay apenas 35 sentencias por desaparición, con lo que la impunidad se erige en un doble agravio a las víctimas.
No puede insistirse lo suficiente en que la enumeración de las cifras nunca alcanzará a plasmar todo el dolor humano detrás de cada persona que permanece en paradero desconocido, ya sea por la acción de agentes estatales –como ocurrió, sobre todo, en la guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado–, o por la violencia indiscriminada y los reclutamientos forzosos del crimen organizado en la presente centuria. Como han remarcado los familiares de personas desaparecidas, este es un crimen que se recrea cada día en que no se sabe dónde está un ser querido, si se encuentra o no con vida, o en qué condiciones se le mantiene.
Cabe hacer votos porque la visita del CED redunde en avances palpables en la localización de las personas desaparecidas y en la detección, denuncia y erradicación de las redes criminales que han hecho de nuestro país la nación latinoamericana más golpeada por este flagelo. En la consecución de estos propósitos deben participar las autoridades de los tres niveles y de los tres poderes de gobierno, pues sin su concurso será imposible cerrar la que probablemente sea la mayor herida del México contemporáneo.
