Un problema básico en una economía de mercado es el proceso de formación de los precios; de todos los costos de los productos y los servicios que se intercambian, de los salarios, de los créditos; de los precios que tienen que ver con la actividad del sector privado y del público, de lo que se produce en el país y lo que se importa.
Dicho proceso da cuenta de la relación de los precios relativos de lo que se intercambia, de la estructura del sistema de producción, de las condiciones de la competencia en los mercados y, por supuesto, de la falta de ella, de las pautas de la productividad, de las diversas formas de intervención de los gobiernos mediante los precios oficiales, impuestos, subsidios, regulaciones.
La formación de los costos se expresa en la inflación, medida por los índices de precios. El asunto de la inflación se discute hoy en todas partes. Los precios crecen por diversas razones y se concentra la atención en las políticas públicas. Los brotes de incrementos de los precios que ocurren ahora ponen en el centro del debate las acciones de los bancos centrales.
Dos formas principales pueden destacarse en el proceso inflacionario. Una por efecto de la demanda, otra por la presión de los costos. Sus efectos sobre los precios son diferentes.
La interpretación del proceso inflacionario se refiere a diversos hechos que confluyen en esta etapa. Uno tiene que ver con la recuperación de la demanda luego de que ha ido cediendo el efecto de la pandemia.
En algunos casos esto se refuerza con las consecuencias de la expansión del gasto hecho por diversos gobiernos, destinado a reforzar el ingreso de las familias y la sobrevivencia de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas.
Por otro lado, están las dificultades por la restricción de la oferta derivada del bloqueo de las cadenas de abasto y los medios de transporte que impactan adversamente las condiciones de la producción y la distribución. De ahí se deriva la idea de que hay demasiado dinero persiguiendo una cantidad insuficiente de productos, lo que hace subir los precios.
Al mismo tiempo, los costos de los productos energéticos, como ocurre con el gas y la electricidad se han incrementado de modo notable. La rebatinga por el suministro de gas ha llevado incluso a que embarcaciones destinadas a algún puerto cambien de dirección en alta mar cuando se recibe una mejor oferta de otro destino.
Algunos de los términos del debate ilustran la situación con respecto a la inflación en este periodo. En la medición de los índices, se separan los precios denominados subyacentes y no subyacentes. Los primeros incluyen aquellos bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y expresan de modo más consistente la evolución general; los otros tienen una mayor variación, como ocurre con los alimentos y la energía.
En México la inflación anual general fue en octubre de 6.24 por ciento y 5.19 la subyacente. Estos son registros muy elevados desde la crisis financiera de 2008.
En esta economía no se advierten presiones excesivas por el lado de la demanda. La austeridad es la principal medida de gestión de política económica del gobierno y, aunque ha habido una recuperación de la demanda es insuficiente como indica, por ejemplo, el bajo registro del gasto en inversión, la precarización del empleo, la informalidad, la menor tasa de crecimiento del producto interno bruto este año con respecto a lo originalmente previsto y la holgura ya crónica que caracteriza el entorno productivo, lo que quiere decir que hay una subutilización de los recursos.
Las restricciones por el lado de la oferta también han tenido un efecto adverso en la dinámica de la economía como pasa en el caso de las exportaciones de vehículos automotores. Ahí se resiente el efecto de la escasez global de microcomponentes.
Algunos elementos del fenómeno de la inflación son de índole temporal, otros se van imponiendo de manera más duradera. Distinguir ambas condiciones es necesario para gestionar las fuentes que inciden en los precios.
A las consideraciones que usualmente se hacen acerca de la inflación y tienen un carácter “técnico”, habría que añadir otras circunstancias que de diversas formas afectan los costos de producir y llevar al mercado las mercancías y proveer los servicios. Esto ocurre, por ejemplo, en la medida en que las condiciones de la inseguridad pública se asientan además de sus graves consecuencias sociales, como un componente más de la actividad económica.
El banco central decidió recientemente elevar la tasa de interés interbancaria hasta 5 por ciento. Esta medida se asocia generalmente con la intención de “enfriar” la economía, es decir, atemperar la demanda agregada para contener las presiones alcistas sobre los precios.
Pero esta economía está bastante fría y la medida en principio aumentará la presión con el alza del costo de la deuda y su transmisión en la formación de los precios y las decisiones de gasto de consumo e inversión. Perseguir la estabilidad macroeconómica mediante más altos intereses en un contexto de austeridad fiscal, reducida inversión privada, apocado gasto de consumo e inseguridad pública, es un coctel amargo.
