La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron su intervención por hechos de violencia y amenazas relacionadas con su labor.
Detalló que en Baja California, Cuauhtémoc Castilla Gracia “fue objeto de un atentado en el que sujetos desconocidos, quienes pudieran ser policías municipales de Mexicali, realizaron detonaciones de arma de fuego contra él cuando se encontraba en su centro de trabajo en esa entidad”. Su hijo Ramón Antonio Castilla Viramontes también ha sido objeto de amenazas.
En el caso de San Luis Potosí, cuatro integrantes del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos refirieron haber recibido amenazas de grupos delictivos. De acuerdo con el documento de queja, los defensores informaron que durante uno de sus traslados entre el Centro Penitenciario de Xolol y el municipio de Tanquián de Escobedo, fueron seguidos por dos vehículos, y en el trayecto los conductores de dichos autos hicieron detonaciones al aire con armas de fuego, como forma de intimidación.
En un comunicado, la CNDH expuso que también recibió un escrito interpuesto por los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, yoremes del Pueblo de la Loma de Guamúchil-Cocorit, perteneciente a la tribu yaqui de Sonora, quienes refirieron haber sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado. En el escrito mencionaron que en fechas recientes les quemaron una casa y han percutido proyectiles de armas de fuego en otra de sus viviendas.
