Tratados como extranjeros en su propia tierra y forzados a hablar un idioma ajeno, muchos indígenas en México no han tenido un juicio justo debido a su desconocimiento del español; además, no tienen acceso a servicios básicos de salud y educación, entre otros.
Para hacer frente a dicho escenario, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) lanzó un programa de capacitación y certificación de intérpretes en idiomas de los pueblos originarios, con el objetivo de que a largo plazo haya al menos un traductor al castellano de las 364 variantes lingüísticas que se hablan en el país.
Entre los participantes en los cursos, una de las preocupaciones más frecuentes es la de saber cómo ayudar a los indígenas que se enfrentan a un proceso judicial, pero también existen inquietudes acerca de cómo evitar que se pierda el “mundo” que significa cada lengua y que ocurran nuevamente actos de “saqueo y aculturamiento” de niños por parte de organismos gubernamentales.
Norma Meza, indígena kumiai, originaria de Baja California, es una de las tres hablantes de dicha lengua que participan en el programa del Inali. Su motivación para entrar a este esquema es personal, pues no quiere que se repita una historia como la de su hermana María Aurora, quien pasó tres meses en la cárcel acusada de un delito que, dice, nunca cometió.
En 2012, la mujer –entonces de 53 años y enferma de diabetes– “fue acusada injustamente por unos rancheros ricos de robarse unos caballos. La hicieron firmar documentos que no tenían ni su nombre completo”, lo que aceptó sin comprender el español y sin algún traductor que la auxiliara, cuenta en entrevista con La Jornada.
Aunque sólo fue enviada por tres meses a una prisión en Tijuana, durante ese tiempo no le proporcionaron las inyecciones de insulina que necesitaba, lo cual le generó daños en el páncreas y finalmente incidió en su muerte, que sucedió un año después de salir de la cárcel. “Es un coraje que uno tiene adentro, porque lo que hicieron con ella fue una injusticia”, afirma.
En la memoria de Norma hay otro agravio que busca evitar al certificarse como intérprete: el de los abusos que cometen diversas instituciones gubernamentales en contra de los pueblos indígenas de la región, como el ocurrido hace más de dos décadas cuando representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevaron al menos a seis niños kumiai, sin autorización de sus padres, para internarlos en una casa-hogar.
“El DIF entró a mi comunidad, sacó a los niños y los metió a un orfanatorio. Ahí los hicieron a su modo, los volvieron cristianos, los manejaron a su antojo. Eso ya tiene mucho, ahora los jóvenes ya tienen más de 18 o 20 años, pero fue un acto intencional de saqueo de niños para que ya no haya indios”, acusó.
Guadalupe Ortiz, coordinadora del área de acreditación y certificación del Inali, explicó que desde 2010 dicho organismo ha organizado cursos para intérpretes cuyo objetivo es que los egresados sean capaces de traducir del español a alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país –y viceversa– diferentes situaciones cotidianas o extraordinarias.
De acuerdo con la funcionaria, el padrón de intérpretes y traductores certificados en México tiene sólo 2 mil 95 miembros, hablantes de 131 de las 364 variantes lingüísticas que existen en el país, por lo que “el camino todavía es largo.
“Antes las traducciones eran improvisadas y se tomaba a cualquier persona para hacerlas, a un desconocido o al de la tienda. No había profesionalización, aunque de eso dependiera la libertad o el encarcelamiento de una persona”, lamentó.
Puede consultar una versión extensa de este texto en la página web de La Jornada.
