Washington. El ejército estadunidense encubrió ataques aéreos durante 2019 en Siria que provocaron la muerte de 64 mujeres y niños, un posible crimen de guerra, durante la ofensiva contra el Estado Islámico, informó ayer el diario The New York Times.

Los dos ataques aéreos consecutivos cerca de la ciudad de Baghuz fueron ordenados por una unidad clasificada de operaciones especiales estadunidense encargada de operaciones terrestres en Siria, según el reporte.

El periódico señaló que el Comando Central de Estados Unidos, que supervisó las operaciones aéreas estadunidenses en Siria, reconoció las agresiones por primera vez esta semana y aseguró que estaban justificados.

En un comunicado, ayer, el Comando Central reiteró el relato que dio al periódico de que 80 personas murieron en los ataques, incluidos 16 combatientes del Estado Islámico y cuatro civiles. El ejército aseveró que “no estaba claro” si las otras 60 víctimas eran civiles, en parte porque las mujeres y los niños “podrían haber sido combatientes”.

En la declaración de ayer, los militares afirmaron que las acciones fueron en “legítima defensa”, proporcionales y que “se tomaron las medidas adecuadas para descartar la presencia de civiles”.

“Aborrecemos la pérdida de vidas inocentes y tomamos todas las medidas posibles para prevenirlas. En este caso, autoinformamos e investigamos el ataque de acuerdo con nuestra propia evidencia y asumimos la plena responsabilidad por la pérdida involuntaria de vidas”, agregó el Comando Central.

No se pudo determinar el número de civiles entre las 60 víctimas mortales porque “se observaron varias mujeres armadas y al menos un niño armado” en un video de los hechos, explicó.

La mayoría de las 60 personas probablemente eran combatientes, sostuvo.

El Comando Central precisó que los ataques tuvieron lugar cuando las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) estaban bajo fuego intenso y en peligro de ser invadidas, las cuales además habían informado que el área estaba libre de civiles.

El inspector general del Departamento de Defensa lanzó una investigación sobre el incidente del 18 de marzo de 2019, pero su informe fue finalmente “despojado” de cualquier mención del bombardeo y nunca se llevó a cabo una investigación exhaustiva e independiente, según el Times.

El periódico aseguró que su reporte se basó en documentos confidenciales y descripciones de informes clasificados, así como en entrevistas con personal directamente involucrado.

Un abogado de la fuerza aérea presente en el centro de operaciones en ese momento creía que los ataques eran posibles crímenes de guerra, y luego alertó al inspector general del Departamento de Defensa y al Comité de Servicios Armados del Senado cuando no se tomó ninguna medida, añadió el Times.