De aprobarse, el nuevo arreglo institucional de la industria eléctrica deberá sustentarse en el convencimiento de que el futuro del servicio público será mejor que el heredado de la turbia reforma de 2013. En todos los sentidos.
Y eso sin negar la legitimidad de formas genuinas de autoabasto, cogeneración, pequeña producción y generación distribuida. Sí, se recupera el sentido constitucional original para tener un servicio público de electricidad que se traduce en un mejor suministro. ¿Mejor para quién? ¿Mejor para qué? Ante todo y sobre todo para los usuarios, así como para la nación en su conjunto.
Mejor en muchos sentidos, al menos cinco, 1) suministro continuo, sin cortes, interrupciones y fallas; 2) de calidad, en términos de frecuencia y voltaje obligados para respaldar procesos eficientes, uso óptimo de equipos, y protección del medio ambiente; 3) de mínimo costo, por alta eficiencia de los recursos humanos y materiales, pérdidas mínimas y costos verificados con una impecable y transparente ingeniería económica y financiera, en generación, transformación y transmisión, distribución, control, suministro final, así como –sin duda– reserva y respaldo; 4) transparencia y racionalidad en subsidios gubernamentales a usuarios;5) capaz de evitar no sólo todo sesgo especulativo o rentista, sino también el comportamiento pernicioso de los monopolios, públicos o privados.
Por eso el nuevo esquema –que se derive de una legítima revisión a la que tiene derecho a someter a escrutinio un gobierno de orientación política diferente– debe garantizar las condiciones señaladas, pero no sólo esas, debe mostrar, asimismo, capacidad para resolver satisfactoriamente los retos actuales de abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del acceso acelerado a un balance de cero emisiones. Por lo que se promueve, por lo que se evita.
Dadas las tecnologías actuales esto exige tres acciones envolventes esenciales: 1) incremento acelerado de la eficiencia en las diversas formas de consumo final y responsabilidad esencial de la sociedad; 2) electrificación creciente y acelerada de los múltiples usos finales de energía en todos los sectores (residencial, comercial, industrial, bombeo de aguas potables y negras, aguas de riego agrícola), pero sobre todo en el transporte, el cual deberá orientarse hacia la movilidad eléctrica masiva de personas y mercancías; 3) desfosilización de la generación de electricidad, merced a la similarmente creciente y acelerada entada de renovables y limpias, penetración sujeta a evaluación impecable de costos, que obliga a reconocer no sólo sus limpieza, sino su intermitencia, su volatilidad y su responsabilidad de emisiones antes y después de su utilización (huella de carbono).
Los años que vienen deben ser de acelerado crecimiento de la electricidad. Superior en no menos de tres o cuatro puntos porcentuales al crecimiento de la energía total. El nuevo esquema de organización en el sector eléctrico debe sostener crecimientos potenciales del producto interno bruto y de la energía total de entre 4 y 5 por ciento anual, respectivamente, merced a esfuerzos gubernamentales y sociales.
Ello exige –si tomamos en serio los retos nacional y mundial– un crecimiento eléctrico cercano a 10 por ciento al año. Y el cumplimiento solvente y firme de condiciones y lineamientos señalados: continuidad, calidad, eficiencia productiva, descarbonización, electrificación, desfosilización y eficiencia final. Todo ello dará –sin lugar a dudas– la seguridad energética y la limpieza integral que anhelamos. De veras.
