Del 31 de octubre al 12 de noviembre se celebró en Glasgow, Reino Unido, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual reúne a diversos líderes, dirigentes de empresas, y actores gubernamentales y diplomáticos, con la finalidad de impulsar acciones para hacer frente a la crisis climática, y sobre todo, mantener la temperatura global a menos de 1.5 grados Celsius. La primera COP se llevó a cabo en 1955, y desde entonces se han acordado compromisos que los Estados difícilmente han podido cumplir.
Una vez más la conferencia se ha quedado en discursos y promesas. A pesar de que en la COP26 los gobiernos propusieron y acordaron reducir el uso de carbono negro, las emisiones de gas metano, la deforestación y el tránsito hacia energías más renovables, no hubo claridad ni estrategias para dar seguimiento a los compromisos.
Ante esto, durante la COP26 miles de jóvenes de distintas nacionalidades realizaron manifestaciones, pronunciamientos y acciones para exigir justicia ambiental y visibilizar los impactos de la crisis climática en el mundo, así como las afectaciones a personas y grupos que han sido colocados en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una de las más importantes críticas que realizaron es que la COP26 estuvo también conformada por personas que representan intereses de la industria de combustibles fósiles, lo cual ocasiona que no se propongan cambios estructurales para hacer frente al calentamiento global.
Diversas organizaciones de juventudes se pronunciaron igualmente frente a la exclusión y burocratización que diversos sectores afectados por la crisis climática enfrentaron para participar en la conferencia, como fue el caso de pueblos y comunidades indígenas. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, en 2019 las emisiones mundiales de gases invernadero aumentaron en un número histórico, ya que ese año se registró un crecimiento anual de 1.3 a 2.6 por ciento, ocasionando el incremento de incendios forestales, periodos largos de sequía, inundaciones, pérdida de cultivos y extinción de algunas especies.
De acuerdo con Naciones Unidas, los principales países emisores de gases invernadero son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, así como los 27 que integran la Unión Europea. En 2020 China fue responsable de 37 por ciento de las emisiones de gases invernadero, mientras que Estados Unidos contaminó el aire con 13.8 por ciento del total. Es decir, son sobre todo las naciones del norte global las que mayormente causan el deterioro medioambiental. De igual forma, el cambio climático se ha agudizado por la existencia de prácticas extractivistas en muchos países, lo que trae diversas consecuencias, como la apropiación y despojo de tierras, afectaciones a la salud y daño irreversible a ecosistemas completos.
Además de contribuir al aumento de la crisis climática, megaproyectos como la minería, las termoeléctricas y la agroindustria, violan sistemáticamente los derechos humanos de diversas comunidades y personas en condiciones de vulnerabilidad. En este contexto, las juventudes defensoras del medio ambiente visibilizaron que los gobiernos no han promovido acciones reales para hacer frente al cambio climático durante años. Una de las razones es porque afectarían los intereses de miles de empresas que sólo buscan mayores ganancias y hacen a un lado el cuidado del medio ambiente.
La propuesta de los gobiernos se centra en apoyar a las naciones del sur global con financiamiento para que se “adapten” a esta crisis climática. Las exigencias de las juventudes han sido claras para defender la vida y el medioambiente. Es urgente pensar en otros modelos de producción, unos que no violen los derechos humanos ni deterioren los bienes comunes para que de este modo se cuiden todas las formas de vida y el mundo en que habitamos. Lo que se necesita son cambios estructurales en los que los países del norte global reconozcan su responsabilidad frente al deterioro ambiental.
En las movilizaciones de la COP26 los jóvenes colocaron un claro posicionamiento: los Estados tienen la obligación de actuar y sumar esfuerzos para hacer frente a la crisis climática. Sus exigencias nos recuerdan que las juventudes también resisten y contribuyen a la defensa de los derechos humanos en diversos países y comunidades. Las conferencias internacionales deben fomentar la inclusión de todas las personas, principalmente de las más afectadas por la histórica destrucción del planeta. Distintas comunidades y actores de la sociedad civil están aportando a las soluciones, por lo que sus propuestas deben ser tomadas en cuenta. La construcción de un mundo más justo, digno y en paz debe posicionar la defensa del medio ambiente como una prioridad en la agenda de los Estados, y el compromiso global y eficaz contra el cambio climático.
