Profesores cesados por la aplicación de la reforma educativa del sexenio pasado presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir su reinstalación. Humberto Oseguera Barajas, abogado laborista, destacó que al negarles la reinstalación a los docentes “se viola el derecho humano al trabajo digno y se pretende aplicar una ley que ya fue derogada en 2019”.
José González Figueroa señaló que a más de seis años de ser cesado en su cargo como profesor de historia en una secundaria diurna de la Ciudad de México, con una trayectoria de 46 años de servicio, “no pueden tratarnos como delincuentes”.
Recordó que funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “nos aseguraron que seríamos reinstalados e incluso en las mesas de negociación se nos asignó una escuela, para luego decirnos que no vamos a regresar a laborar porque nuestra baja fue por faltas injustificadas, cuando comprobamos que no fueron faltas injustificadas”.
La SEP impidió reinstalación
El profesor Manuel Alberto Yescas Canales, quien fue cesado por faltas injustificadas, pese a tener comprobantes médicos que acreditan que recibió terapia y contar con una licencia con goce de sueldo por acuerdo presidencial, destacó que “no hay una voluntad de cumplir el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de reinstalar a todos los profesores afectados por la mal llamada reforma educativa y, en mi caso, incluso gané en primera instancia el juicio de mi reinstalación”.
Narró que, pese a ese fallo, la SEP se amparó para impedir la reinstalación a pesar de que “se demostró plenamente que nunca tuve una falta injustificada, pues fui atendido de una grave lesión en las rodillas. Todo el proceso se documentó, pero aún así la dependencia me negó la reinstalación de mi puesto como maestro”.
Oseguera Barajas destacó que “se busca que por cansancio y falta de recursos los trabajadores se den por vencidos, porque es evidente que existen todos los elementos para demostrar que les asiste el derecho a su reinstalación, por lo que decidimos acudir a la SCJN con un amparo directo y, de no encontrar respuesta, iremos ante los tribunales internacionales”.
