Morelia, Mich., El grupo de guardias comunitarias conocido como Pueblos Unidos de Michoacán se expandió por la zona aguacatera de Ziracuaretiro, con el supuesto fin de combatir al crimen organizado que extorsiona, secuestra e incluso despoja de sus huertas a productores del llamado “oro verde”; sin embargo, el gobierno estatal informó que no permitirá que “hagan justicia por su propia mano”.
Decenas de camionetas llegaron el jueves al pueblo purépecha de San Andrés Corú para combatir a los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que acechan las zonas aguacateras de Ario de Rosales, Pátzcuaro, Nuevo Urecho, Salvador Escalante, Taretan, Múgica y Uruapan, y recientemente a Ziracuaretiro.
Más de un centenar de hombres, la mayoría cortadores de este fruto, fueron contratados como guardias de seguridad, pero también hay pequeños productores y algunas autoridades comunales.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que no se permitirá que grupos de civiles armados hagan justicia por propia mano y expandan su dominio, porque también hay ciudadanos que han denunciado abusos de ellos, quienes bloquean carreteras y cometen irregularidades justificando que combaten a criminales, y además portan armas de alto poder.
En redes sociales Pueblos Unidos publicó que el CJNG “está masacrando a nuestro pueblo por el poder de una plaza, pero nosotros somos gente del pueblo, trabajadores y empresarios que no podemos permitir esta canallada, no importa que haya gente que diga que también somos un cártel”.
Hace más de un año esta agrupación nació en Ario de Rosales y cerca de Santa Clara del Cobre, para defenderse de los delincuentes que los extorsionaban e incluso los despojaron de algunas huertas. Detallaron que después de un año liberaron a varias localidades del crimen organizado, que les cobraba con cuotas mensuales de 5 mil y 10 mil pesos.
En 2014, autodefensas recuperaron parte de los bienes, que les “robó el cártel de Los Caballeros Templarios (ya desmantelado)”, principalmente a un centenar de familias, en los municipios de Uruapan y Tancítaro.
