León, Gto. El presidente del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Jorge Ramírez Hernández, debe dejar de litigar lo juicios civiles que tramitaron las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales e indemnizarlos inmediatamente, exhortó el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez, a un año del fatal accidente.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato -Prodheg- comprobó que hubo violaciones graves a los derechos humanos laborales que derivaron en la muerte -el 13 de noviembre del 2020- de los trabajadores Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, remarcó en entrevista con La Jornada.

Las víctimas no tenían el perfil para operar el módulo de desbaste de la planta de tratamiento, no fueron capacitados, no tenían equipo de seguridad y operaban instalaciones dañadas, comprobó Esqueda Méndez, quien recomendó indemnizar, dotar de seguridad social, otorgar atención médica especializada y cubrir los seguros de vida -que eran pagados por los propios empleados-.

“El objetivo es visibilizar y exponer mediáticamente para que la sociedad exija que -Sapal- cumpla con sus obligaciones a la mayor brevedad posible y que analice la pertinencia de seguir adelante con este tipo de defensas – en los juicios civiles- que solo buscan alargar o entretener el pago al que tienen derecho las familias de las personas fallecidas”, expuso el titular de a Prodheg.

Recordó que el presidente de Sapal, Jorge Ramírez, aceptó las recomendaciones y envió una carta donde afirma que ya las cumplió antes de que fueran emitidas.

Cabe mencionar que en el oficio sostiene que no indemniza porque no hay una orden judicial que lo obligue y que en el tema de seguridad social asesora a las familias.

“La Ley del Trabajo establece que por su puesto se tiene que indemnizar a las familias de una persona fallecida dentro de su lugar de trabajo, esto es muy claro, existe una obligación de esta autoridad de cubrir la indemnización”, sentenció.

¿Si fuera un organismo sensible ya hubieran indemnizado?

—Efectivamente, es una circunstancia donde en el momento en que se acepta la resolución de recomendación existe una aceptación tácita de que hubo aspectos que no se supervisaron, que no se cuidaron y que derivaron en esta desafortunada pérdida de vidas.

“Es muy importante que como autoridad, partiendo de ese reconocimiento, cumplan con cada una de sus obligaciones legales y no quedarse con un acompañamiento, deben hacer todo lo que tengan que hacer para intentar reparar el daño que sufrieron estas personas”, enfatizó.

Vicente Esqueda reconoció que la indemnización, que la seguridad social o cualquier tipo de pago a las familias no les “regresará a sus seres queridos”, pero el objetivo es que se menor el impacto en el futuro de la vida de los dolientes.

La recomendación emitida a Sapal fue por la denuncia que pusieron las viudas de José Afanador Martínez y de Alberto de Jesús Silva Zúñiga, comentó el procurador de Derechos Humanos, quien exhortó a los familiares de Víctor Ricardo Briseño, de Omar Ignacio Martínez y de Juan Antonio Méndez, a que pongan una queja.

“Solo dos de las victimas ratificaron, el resto de las personas no lo hicieron, las medidas van dirigidas a ellas dos, sin embrago, esto no quita que cualquiera de las otras personas pueda venir a presentar una queja, aunque la Ley de Protección de Derechos Humanos establece un año para el tema de prescripción, al tratarse a violaciones graves, la Procuraduría puede acordar y justificar el hecho de que se le de entrada”, explicó.

Vicente Esqueda adelantó que el proceso sería rápido por tratarse de un caso donde ya hay una resolución.

Sobre el recurso de inconformidad que será tramitado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque la recomendación no alcanzó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de León (2018-2021) del alcalde, Héctor López Santillana; el ombudsman celebró que su recomendación pueda ser estudiada por otra instancia.

“Es un derecho de ellos, y si lo hacen que bueno, porque así este tipo de resoluciones pueden ser revisadas por esa instancia. Es lo mejor que se puede hacer ante una inconformidad, que se usen los causes legales”, concluyó.