Víctimas del crimen organizado que invadió sus tierras, asediados por empresas, principalmente mineras, o como consecuencia de los megaproyectos del gobierno federal en el sureste, campesinos que se han visto obligados a abandonar sus comunidades en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Michoacán conformaron una Coordinación Nacional de Pueblos Desplazados con el propósito de reivindicar sus derechos ante la pasividad de los gobiernos estatales y federal.
Entre sus demandas, exigen la elaboración de una ley nacional que les confiera el carácter de víctimas y, con ello, les permita reclamar al Estado la indemnización de tierras y la reubicación de las comunidades en los casos en los que no sea viable regresar a sus poblados originales; la tipificación del delito de desplazamiento forzado y que la ayuda humanitaria no sólo se reduzca a una despensa, sino que incluya atención a la salud y educación para los menores.
En conferencia de prensa, representantes de diversos asentamientos de los estados referidos denunciaron la ceguera de los gobiernos federal y estatales a atender las dificultades que sufren.
Abelardo Gómez, indigena tzeltal de Ocosingo, Chiapas, comentó que indígenas con el mismo conflicto de haber sido expulsados de sus hogares se reunieron en septiembre para crear un movimiento que les permita unir fuerzas a fin de exigir el respeto a sus derechos humanos. Reprochó la deliberada omisión de gobiernos en Chiapas, Chihuahua o Guerrero, con la que solo han consentido la impunidad. Con esta coordinación, aludió, se pretende hacer visible el grave problema en el país. Con la participación de varios representantes, lamentaron que ningún representante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial atienda sus demandas ni tenga como objetivo hacerse cargo de los derechos de las personas desplazadas ni atender las causas que originaron que tuvieran que huir de sus territorios, abandonando casas, cosechas y propiedades, en un marco de impunidad de quienes los obligaron a salir.
“Solamente como coordinación podremos avanzar, porque nos están enterrando en vida; nos han abandonado; criminalizado nuestros movimientos e incluso negado nuestros derechos. Nos abren carpetas de investigación por defender nuestros derechos”.
