Hablar hoy de autonomía universitaria es aludir a un tema crucial. ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a su obtención en 1929? ¿Cuál es su relevancia en 2021? La autonomía es un atributo universitario con raíces que se extienden desde su fundación medieval y que llegan hasta la actualidad. Sin embargo, el tema debe tratarse con grandes reservas porque, lo mismo que la universidad, la autonomía está en función de su tiempo y espacio.
En 1929 la Universidad Nacional obtuvo su autonomía. El país se encontraba en una fase de acomodo institucional y de ninguna manera fue una concesión tersa. Si bien desde los escritos de Justo Sierra había quedado planteado un marco preautonómico, la autonomía llegaba como la respuesta del poder a una conflictiva que había escalado desde un problema local hasta un movimiento mayor. Dos cambios en la vida académica de la institución, en el contexto político de la campaña presidencial de Vasconcelos, son considerados el origen del movimiento estudiantil que derivó en la autonomía universitaria. Por un lado, las inconformidades en la Escuela Nacional de Jurisprudencia ante la designación de Narciso Bassols como director, así como una modificación en la aplicación de los exámenes y, por otro lado, la reforma del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que elevaba de dos a tres años la formación del alumnado. Sin embargo, en voz del más visible de los líderes del movimiento, Alejandro Gómez Arias, las reivindicaciones autonomistas estaban fuertemente relacionadas con el escenario político nacional y “…la acción estudiantil amenazaba desbordar sus límites naturales e invadir otras áreas” ( La autonomía universitaria en México, UNAM, 1979).
La negativa inicial de las autoridades universitarias y gubernamentales para revertir los cambios en jurisprudencia, darían la pauta para el inicio de una huelga estudiantil y, de manera paralela, para el cierre de dicha escuela por el rector Castro Leal. Así, el 9 de mayo, en una asamblea en el salón El Generalito, se declara la huelga y se integra un Comité que estaría al frente de las acciones estudiantiles. Seis días después, el presidente Emilio Portes Gil emitirá un boletín en el cual, además de censurar la participación de algunos líderes –el propio Gómez Arias– en la campaña presidencial, advertía del posible uso de la fuerza ante las movilizaciones. Pese a todo, las protestas crecían y unos días después se unían a la huelga la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Medicina y la Escuela de Odontología. Las movilizaciones alcanzarían uno de sus momentos más intensos el 23 de mayo, en que los enfrentamientos entre estudiantes, policías e incluso bomberos, dejaban saldo de varios heridos.
La magnitud de los hechos llevará al presidente a ordenar el retiro de la policía de las instalaciones universitarias y a la renuncia del director de jurisprudencia. Bajo tal contexto, el 28 de mayo, más de 15 mil estudiantes de la Universidad Nacional y de otras instituciones se manifestarán ante el Palacio Nacional. El resultado de todo ello será que al día siguiente Portes Gil anuncia el otorgamiento de la autonomía a la universidad y con ello, el acuerdo para que la institución construya sus decisiones bajo criterios propios. La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México será promulgada el 10 de julio de 1929, concluyendo la huelga y dando paso a la designación de Ignacio García Téllez como rector interino.
Con la nueva legislación se lograba contener un movimiento en ascenso y, si bien es posible advertir una intencionalidad de renuncia gubernamental ante su compromiso universitario, lo cierto es que se sentaban las bases para el ejercicio de las libertades institucionales. Con el paso de los años, la autonomía devendría incluso en el reconocimiento constitucional y en tres dimensiones que hoy resultan imprescindibles:
Libertad para decidir temas académicos. Este es su ángulo de mayor significación, pues alude a temas sustantivos de la universidad: requisitos y condiciones de acceso, permanencia y titulación de los estudiantes; selección de carreras, oferta de cursos, planes y programas de estudio. Destaca el tema de la libertad académica –de cátedra e investigación– como uno de los principales valores de la institución y que es, por tanto, un elemento clave de la relación entre la universidad y el Estado.
Libertad para nombrar a los académicos y directivos. En este rubro se incluyen los términos de ingreso y permanencia del personal académico, la conformación de la planta de autoridades –unipersonales y colegiadas– y de otros directivos, así como el nombramiento del personal administrativo. También es un asunto crucial, ya que reivindica la preeminencia de la racionalidad universitaria sobre otras expresiones políticas y burocráticas en el nombramiento de los actores de la vida institucional.
Libertad para el ejercicio financiero. Se refiere a aspectos tales como fuentes de financiamiento, criterios para la definición y construcción de los presupuestos, evaluación y, por supuesto, rendición de cuentas. Es un ángulo crítico en el que se dan cita la capacidad financiera del Estado y las necesidades universitarias. Las tensiones son constantes y demandan de gran atención, pues no sólo refieren la negociación económica, sino que marcan una diferencia entre lo que se proyecta y lo que se puede hacer.
A lo largo de nueve décadas, la autonomía ha permitido a la UNAM –y a las demás instituciones que la ostentan– desarrollar sus actividades en un marco de libertades y creatividad, bajo el cual el saber no tiene más fronteras que las derivadas de la razón académica. La autonomía genera dividendos en un sentido dual: permite que la institución y sus integrantes puedan desarrollar sus tareas académicas, pero, sobre todo, favorece a la sociedad que es la beneficiaria directa del quehacer universitario.
* Investigador y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM
