Por unanimidad, el Senado aprobó la minuta con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de reforzar los 55 centros de justicia que operan en la República para que otorguen servicios integrales y protejan a las víctimas de maltrato de género. Aunque también se tienen que garantizar los recursos en el presupuesto, coincidieron senadoras de todos los grupos parlamentarios.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la igualdad de Género, Martha Lucía Mícher (Morena), resaltó que esta modificación es trascendental ya que se fortalecen el marco jurídico y el normativo nacional de manera integral y armónica con el objetivo de prevenir de eficiente y eficazmente la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, además de garantizar el acceso a la justicia.
Entre los aportes que contiene el dictamen, destacó Mícher, es que se definen los centros de justicia para las mujeres como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atenderá de forma gratuita e integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad y se especifica que estarán a cargo de las entidades federativas, que deberán funcionar con base en los enfoques de interinstitucionalidad, interculturalidad y con un enfoque diferenciado.
Se establece también, explicó, que en el caso de las mujeres con discapacidad, se considerará violencia en el ámbito familiar cuando ésta sea cometida por personas que realizan labores de cuidado, sin importar que tengan o no una relación de parentesco.
La senadora precisó que se establece el derecho de las mujeres con discapacidad para que sus procedimientos sean accesibles, que se realicen los ajustes necesarios a fin de garantizar el acceso a los distintos servicios, así como el acceso a los distintos servicios en condiciones de igualdad, mientras las mujeres sordas tendrán derecho a contar con un intérprete en lenguaje de señas mexicano.
Entre los cambios a las propuestas de la colegisladora, los senadores especificaron la definición de los Centros de Justicia para las Mujeres como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atiende, de forma gratuita e integral, a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, las 24 horas del día.
Además, deberán estar integrados por personal capacitado y profesionalizado en atención a víctimas de violencia de género, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Estarán a cargo de las entidades federativas y funcionarán con base en el enfoque de interseccionalidad, interculturalidad y diferenciado.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso que se garantice la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los centros y que la cantidad asignada no pueda ser menor a la otorgada en presupuestos anteriores. Su propuesta fue aceptada por el pleno.
